La realidad del contencioso administrativo venezolano

Sin tribunales no hay Derecho. Así empieza el libro, La realidad del contencioso administrativo venezolano, que pronto publicará el profesor Antonio Canova González, con la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), en el que se analizan una a una las 3.127 decisiones dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia entre el 1° de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, para descubrir que en ese período, al menos, prácticamente ninguna persona que se ha visto forzada a demandar al Estado venezolano o las decisiones en su contra dictadas por cualquier funcionario, por sentirse lesionada en sus derechos e intereses, ha ganado en sus reclamaciones en esa instancia.La investigación sobre el actuar de la Sala Político-Administrativa en estos últimos años demuestra, por ejemplo, que solamente una persona, de 293 casos sentenciados, resultó victoriosa plenamente al pedir la anulación de actos administrativos contra los altos funcionarios del Gobierno, el restablecimiento de sus derechos y las indemnizaciones correspondientes. Ello representa una tasa de triunfo de los particulares del 0,34%. Esa persona, una juez destituida sin razón o justificación alguna por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, vio como, en menos de cuatro meses, la Sala Constitucional de oficio revocó su inédita sentencia favorable, dejándola definitivamente afuera del Poder Judicial, donde ejerció funciones por más de cinco años.

Otros recursos de anulación de actos administrativos declarados formalmente Con Lugar o Parcialmente Con Lugar a favor de los particulares, que alcanzan a 45 de esas decisiones, que acaso representan el 15%, prácticamente en nada afectaron o tuvieron relevancia contra la actuación de la Administración Pública activa. Buena parte de ellos, 19, poco sirvieron para reparar los derechos de las personas reclamantes, ya que se limitaron, por ejemplo, a reformar los montos de multas impuestas o el acto atacado por otros motivos u ordenaron la corrección de un vicio de forma. Otros tantos, 13 en total, no fueron dictadas realmente contra los funcionarios del gobierno en funciones administrativas (13 fueron contra actos de las Inspectorías del Trabajo o del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual que resolvían litigios entre privados). El resto de sentencias a favor, formalmente, de los particulares (al menos 7) lo fueron asuntos claramente intrascendentes y sin repercusiones prácticas. (VER CUADRO N° 1)

Cuando se trata de demandas ejercidas por empresas que han celebrado contratos de cualquier tipo con órganos y entes públicos, por el incumplimiento por parte de éstos, ninguna de esas empresas privadas ganaron en la Sala Político-Administrativa de 75 decisiones dictadas en esa materia. Lo paradójico es que en ese mismo período las únicas 4 sentencias declaradas Con Lugar favorecieron a empresas y entes públicos, como el Banco Industrial de Venezuela, PDVSA, FEDE y el Centro Simón Bolívar (CUADRO N° 2).

Si las demandas son ejercidas por personas naturales que sufrieron algún daño patrimonial por la actuación de los órganos o entes administrativos, como un accidente o por mal funcionamiento de los servicios públicos, por ejemplo, entonces las cifras de los éxitos contra el Estado no son muy mejores, porque de 46 sentencias dictadas por la Sala Político-Administrativa solamente una persona, la señora Ana Pastora Páez de Chirinos, resultó triunfadora (que representa a un 2,17%).

Sin embargo, en el estudio del profesor Canova González se relata la historia de ese caso, ya que la condena impuesta a la C.A. Metro de Caracas por los daños graves y permanentes que le fueron causados a la señora Páez de Chirinos por haber estado en una unidad del Metrobús que cubría la ruta entre Caracas y Guarenas que sufrió un fatal accidente, ascendieron apenas a los BsF. 8.000,00, que era el monto de la indemnización por daño moral que esa señora había demandado por allá, en 1992, cuando ocurrió ese lamentable choque en el que, sin quererlo, estuvo involucrada (CUADRO N° 3).

En cuanto a medidas cautelares, de un total de 211 decisiones dictadas en ese año y medio por la Sala Político-Administrativa, solamente 2, que equivalen al 0,94%, fueron a favor de particulares. Una de ella, sin embargo, fue revocada más adelante. En contraposición, en ese lapso, a los entes públicos que pidieron medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil contra sus contrapartes privadas vieron como todas (el 100%) sus solicitudes fueron atendidas rápida y favorablemente por esa misma Sala, contabilizándose 11 decisiones en tal sentido). (CUADRO N° 4).

En el libro editado por FUNEDA y que ponto saldrá a la venta, además de prestarse atención en las causas eventuales de esta realidad del contencioso administrativo venezolano y en las consecuencias diversas que esta situación apareja, se comparan las cifras de los años 2007 y primeros seis meses de 2008 con las arrojadas en años anteriores en el país. En concreto, con la actuación de la misma Sala Político-Administrativa en 1989, cuando más de la mitad de los acciones de anulación de actos administrativos en esa instancia fueron favorables a los particulares (20 fallos Con Lugar, 3 Parcialmente Con Lugar y 17 Sin Lugar), cuando la única sentencia que resolvió una reclamación presentada por una empresa que contrató con el Estado le fue favorable, obteniendo un pleno restablecimiento, y una persona que sufrió una descarga eléctrica recibió una indemnización justa e integral (que incluyó daño emergente y lucro cesante, por un monto equivalente a los 120 mil US$, que contrasta claramente con las indemnizaciones actuales por casos semejantes, que no llegan ni a los 15 mil US$).

Como se decía, sin tribunales no hay Derecho. “Pero si los que no cumplen su misión son los tribunales contencioso-administrativos (cuya cabeza es la Sala Político-Administrativa), que se encargan de revisar que los funcionarios públicos actúen apegado a las leyes, entonces lo que falta es el Derecho Administrativo y cualquier funcionario público (Presidente de la República, Ministros, Vice-Ministros, Contralor General de la República, Comisión Judicial, Asamblea Nacional, directivos de institutos autónomos o empresas del Estado, etc.) termina siendo una especie de reyezuelo, por más que no use coronas, porque pueden hacer lo que les venga en gana, cometer los más grandes atropellos y arbitrariedades, sin ningún tipo de reparo o censura jurídica”. Ésta es una de las consecuencias, inevitables, de la ausencia de un control judicial efectivo sobre la Administración Pública, que, si se ve la actitud de la Sala Político-Administrativa recogida en dicho estudio, puede servir de explicación al comportamiento que se viene viendo en los funcionarios públicos del país desde hace años.


CUADRO N° 1

SUMATORIA DE SENTENCIAS SOBRE ACCIONES DE ANULACIÓN EN 2007 Y PRIMER SEMESTRE DE 2008 QUE HAYAN FAVORECIDO A LOS PARTICULARES Y RESTABLECIDO PLENAMENTE LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA

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De un total de 293 sentencias sobre acciones de anulación solo una, la N° 1415 de 07-08-07, anuló el acto administrativo impugnado, ordenó el restablecimiento, condenó al pago de daños y perjuicios en beneficio del particular.

Esa sentencia fue anulada por la Sala Constitucional, de oficio, por fallo N° 2414 fecha 20-12-07.

Otras 24 sentencias declaradas con lugar apenas afectaron a la Administración.

CUADRO N° 2

SUMATORIA DE SENTENCIAS SOBRE DEMANDAS CONTRACTUALES EN 2007 Y PRIMER SEMESTRE DE 2008 QUE HAYAN FAVORECIDO A LOS PARTICULARES PLENAMENTE

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De un total de 75 sentencias sobre demandas patrimoniales contractuales ninguna fue declarada Con Lugar a favor de los particulares.

Las únicas 4 sentencias declaradas Con Lugar fueron a favor de entes públicos.

Hubo 15 sentencias que declararon Parcialmente Con Lugar las demandas a favor de los particulares, pero ninguna acordó lucro cesante ni indexación.
CUADRO N° 3
SUMATORIA DE SENTENCIAS SOBRE DEMANDAS EXTRA-CONTRACTUALES EN 2007 Y PRIMER SEMESTRE DE 2008 QUE HAYAN FAVORECIDO A LOS PARTICULARES PLENAMENTE

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De un total de 46 sentencias sobre demandas patrimoniales extra-contractuales solo una fue declarada Con Lugar a favor de los particulares.

Esa sentencia, la N° 153 de 13-02-08, fue una condena por BsF. 8.000,00.

Hubo 14 sentencias que declararon Parcialmente Con Lugar las demandas a favor de los particulares, pero ninguna acordó lucro cesante ni indexación.

CUADRO N° 4

SUMATORIA DE DECISIONES SOBRE MEDIDAS CAUTELARES (NO AUTOMÁTICAS) EN 2007 SEMESTRE DE 2008 QUE HAYAN FAVORECIDO A LOS PARTICULARES

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De un total de 211 decisiones sobre medidas cautelares solo dos fueron a favor de los particulares contra los entes públicos (sentencias N° 859, de 31-05-07, y 390, de 02-04-08).

Ambas fueron suspensión de efectos. Una de ellas, que suspendió la ejecución de una multa de BsF. 642,00, fue revocada posteriormente.

Ningún amparo conjunto solicitado por los particulares fue declarado Con Lugar (de 100 solicitados). Uno solo fue declarado Parcialmente Con Lugar y favoreció a un ente público.

Tampoco se declaró Con Lugar ninguna medida cautelar del CPC solicitada por los particulares contra los entes públicos.

En cambio, todas las medidas de este tipo solicitadas (11 en total) por entes públicos fueron declaradas Con Lugar.