Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

Gaceta Oficial Nº 39.892 del 27 de marzo y 39.893 del 28 de marzo de 2012

En publicación de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.892, se modificó el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 51. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, el Presidente o Presidenta del Consejo Federal de Gobierno, los Ministros o Ministras, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano, el Contralor o Contralora General de la República, el o la Fiscal General de la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Defensor Público General o Defensora Pública General, el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Procurador o Procuradora General de la República, el o la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales y las máximas autoridades de los entes descentralizados sin fines empresariales, serán los ordenadores u ordenadoras de compromisos y pagos en cuanto el presupuesto de cada uno de los entes u organismos que dirigen. Dichas facultades se ejercerán y podrán delegarse de acuerdo con lo que fije el Reglamento de esta Ley, salvo lo relativo a la Asamblea Nacional la cual se regirá por sus disposiciones internas.”

Posteriormente en Gaceta Oficial Nº 39.893, dicha Ley fue reformada nuevamente, modificándose los artículos 81, 83 y 90 y el Capítulo IV Título III, los cuales quedaron de la siguiente forma:

“Artículo 81. Por encima del monto máximo a contratar por la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes públicas y aquellos gastos extraordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de endeudamiento anual, aquellas operaciones que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública, así como también aquellas derivadas de soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral en los términos previstos en la Constitución de la República y la ley. Todas las operaciones por encima del monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas, deberán autorizarse mediante ley especial. Para aquéllas que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo Nacional una autorización general para adoptar dentro de los límites, condiciones y plazos determinados, programas generales de refinanciamiento.

Excepcionalmente y una vez utilizado totalmente el monto máximo autorizado conforme a la ley de endeudamiento anual para el Ejercicio Fiscal correspondiente, el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, podrá celebrar operaciones de Crédito Público por encima de dicha autorización destinadas exclusivamente al financiamiento del Servicio de la Deuda Pública Nacional y siempre que se trate de circunstancias sobrevenidas, no previstas o difícil de prever para el momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento anual. El monto de las operaciones de Crédito Público que se obtenga en virtud de la facultad aquí conferida, será imputable al monto máximo de endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento anual para el próximo ejercicio fiscal. Será requisito indispensable para la validez de aquellas operaciones de Crédito Público que se lleven adelante, la aprobación, por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros; igualmente, se faculta al Presidente de la República para decretar los créditos adicionales que fuere necesario. Para hacer uso de las atribuciones aquí conferidas al Presidente de la República, no será preciso contar con la autorización de la Asamblea Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela; no obstante éstos serán informados por el del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación de las operaciones que se trate. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra que colida o en forma alguna, limite lo aquí establecido.”

“Artículo 83. En la ley especial de endeudamiento anual se indicarán las modalidades de las operaciones y se autorizará la inclusión de los correspondientes créditos presupuestarios en la ley de presupuesto. En los supuestos a que se refiere el artículo 81 en su enunciado y el artículo 82, la Ley de Endeudamiento autorizará los respectivos créditos adicionales.

En ningún caso la Ley Especial de Endeudamiento Anual podrá establecer prohibiciones o formalidades autorizatorias adicionales a las previstas en esta Ley.”

“Artículo 90. Los institutos autónomos y los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, así como las sociedades mercantiles del Estado, están exceptuadas del requisito de ley especial autorizadora para realizar operaciones de Crédito Público; sin embargo, requerirán la autorización del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. Así mismo, el Secretario del Consejo de Ministros deberá informar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas por medio de la Oficina Nacional de Crédito Público, dentro de los treinta días continuos siguientes a la fecha de la autorización dada por el Presidente de la República, para que esta Oficina Nacional realice el registro de dichas obligaciones financieras, contentivo del destino, monto y particularidades de cada una de ellas.

En todo caso, el monto de las obligaciones pendientes por tales operaciones, más el monto de las operaciones a tramitarse, no excederá de dos veces el patrimonio del respectivo instituto autónomo o instituto público o el capital de la sociedad; salvo que su respectiva ley especial disponga un monto mayor.”

“Capítulo IV”
De las prohibiciones, atribuciones y obligaciones en materia de crédito público”

Entrada en vigencia a partir del momento de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

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