Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012, que tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento a terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, quedan sujetos a la presente Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se mencionan.

Entre los aspectos más relevantes de dicha Ley se tiene:

Las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son de obligatorio cumplimiento tanto por órganos y entes de control y tutela como por sujetos obligados, designados por esta Ley o por el órgano rector, no pudiendo oponerse el cumplimiento con estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones.

Se crea la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Funcionamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo; de igual manera se crea la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos y la cooperación nacional de esta manera de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional de esta materia. Esta oficina será dependiente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia.

Son órganos y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia los siguientes: las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario, de la Actividad Aseguradora y la Superintendencia Nacional de Valores; El Banco Central de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Servicio Autónomo de Registros y Notarías; los Ministerios del Poder Popular con competencia en Relaciones Interiores y Justicia, Petróleo y Minería, Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Turismo, Ciencia y Tecnología, Industrias, Comercio; La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y el Consejo Nacional Electoral. Los órganos y entes de prevención tendrán entre sus funciones:

Adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por la Oficina Nacional Contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, para la prevención de los delitos previstos en esta Ley.

Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detecta patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados.

Se consideran sujetos obligados a cumplir esta Ley las personas naturales o jurídicas cuyas actividades se encuentren reguladas por las leyes que rigen el sector bancario, el sector asegurador, el sector de valores y el sector de bingos y casinos. También son sujetos obligados:

Los hoteles, empresas de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro;

Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y las personas que se postulen por iniciativa propia a cargos de elección popular.

Oficinas subalternas de registros públicos y notarías públicas;

Los abogados, administradores, economistas y contadores en libre ejercicio y lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, compra y venta de entidades comerciales.

Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea: compraventa de bienes raíces; construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros); comercio de metales y piedras preciosas; comercio de objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodias de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad; las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; los establecimientos destinados a la compra, venta de repuestos y vehículos usados así como también los destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.

En el apartado de las Obligaciones y Sanciones, son relevantes las siguientes disposiciones:

Los sujetos obligados conservarán en forma física y digital durante un periodo mínimo de cinco años, los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y relaciones de negocios de los clientes o usuarios con estos, así como los documentos exigidos para su identificación al momento de establecer elaciones de negocios con el sujeto obligado. El plazo indicado se contará:

-          Para los documentos relativos a la identificación de clientes o usuarios a partir del día que finalice la relación.

-          Para aquellos documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de ésta.

-          Para los reportes de actividades sospechosas, a partir de la remisión del mismo.

-          Para la correspondencia comercial, después de haber concluido la relación comercial.

El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano de ente o control del sujeto obligado con una multa equivalente entre 300 y 500 U.T.

Además no podrán iniciar o mantener relaciones económicas, con personas naturales o jurídicas cuya identidad no pueda ser determinada plenamente; tampoco podrán mantener cuentas anónimas, cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para lo cual los órganos o entes de control reglamentarán los medios que se consideren convenientes para la identificación del cliente.

El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control obligado, con multa equivalente entre 500 y 100 U.T.

Deberán establecer mecanismos que permitían detectar cualquier transacción inusual o sospechosa, aún cuando éstas tengan una justificación económica aparente o visible, así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuta cuantía u otra característica no amerite a juicio de la institución o según lo establezca el Ejecutivo Nacional.

El incumplimiento de la obligación de reportar las actividades sospechosas por parte del sujeto obligado, será sancionado por el órgano o ente de control del mismo, con multa equivalente entre 500 y 1000 U.T.

No podrán revelará al cliente, usuarios ni terceros, que se ha reportado información a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes, así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con dicha información; tampoco se podrán revelar que la han suministrado a otras autoridades competentes.

El incumplimiento de esta norma, la multa aplicada será entre 1000 y 3000 U.T., en caso de reincidencia la misma se duplicará.

Deberán diseñar, establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones comerciales con clientes que son, han sido o serán considerados bajo el perfil de una expuesta políticamente. Asimismo, deberán establecer sistemas apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados aprobar en todo momento la vinculación de estos clientes en la institución.

Se deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005.

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012.

Departamento de Redes Sociales

Irma Pinto

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