Sentencia del TSJ que declara la nulidad de algunos artículos del Código de Policía del Estado Sucre

La Constitución Nacional establece un cúmulo de derechos y deberes tendientes a garantizar el orden constitucional y desarrollo pleno de los derechos humanos de las personas que hace vida en el territorio nacional. Unos de éstos es el llamado derecho a la libertad personal, derecho fundamental, previsto en su artículo 44, el cual establece que la libertad personal es inviolable, por ello ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, salvo que dicha persona sea sorprendida in fraganti y, en concordancia con la Máxima Norma, el Código Orgánico Procesal Penal consagra el principio de la libertad como regla general y otorga carácter excepcional a la detención preventiva.

En virtud de ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través del fallo Nº 727 de fecha 05/06/2012, conociendo de la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada, procedió a declarar la nulidad absoluta de los artículos 20, 34, 49, 50, 52, 88, 89, 92 97, 185 y 190 del Código de Policía del Estado Sucre (Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988), así como la nulidad parcial de los artículos 11 numerales 2 y 3, 15.6, 18, 19, 23, 29, 30, 31 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82.1, 84, 85, 86, 94, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 195, 196 y 199 del mismo Código de Policía, por ser violatorias del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional, ya que autorizaban la práctica de privaciones de la libertad personal, el arresto, como sanción definitiva.

En tal sentido, señaló el fallo que la institución de la privación judicial preventiva de libertad, denota la existencia de una tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva. Por lo que los órganos policiales tienen la potestad de practicar tanto la aprehensión in fraganti de quienes incurran en la comisión de un delito, y ponerlos a disposición del Ministerio Público, los cuales serán juzgados por los tribunales competentes, así como la facultad de ejecutar las detenciones preventivas ordenadas por los jueces de la República (orden judicial), estándoles prohibido a los mismos como a cualquier otra autoridad, el aplicar la medida de arresto como sanción definitiva.

Por último, en dicha sentencia se ordenó poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las normas cuya nulidad fue declarada en el fallo, así como el de eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron las normas anuladas, exhortando la Sala Constitucional a los consejos legislativos estadales y a los concejos municipales para que deroguen cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales. Esta decisión fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.947, de fecha 19 de junio de 2012.

Abg. Xiuneidy Acevedo

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