Interpretación Constitucional acerca del contenido del artículo 153 de la Constitución Nacional

La Sala Constitucional del Máximo Tribunal a través de la decisión Nº 967, de fecha 04/07/2012, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, procedió a interpretar el contenido del artículo 153 de la Constitución Nacional, con el objeto de determinar si las normas que se adoptan en el marco de los acuerdos de integración se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y si, por ende, las normas adoptadas por los órganos de la Comunidad Andina de Naciones en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino-Acuerdo de Cartagena, se encuentran vigentes en nuestro país, con ocasión a la denuncia del referido Acuerdo realizada por la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 153 de la Máxima Norma establece la integración internacional como parte de las relaciones internacionales de la República, a saber:

La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una Comunidad de Naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

En tal sentido la Sala señaló que dicho artículo ampara totalmente la aplicabilidad directa de las normas emanadas de los órganos de la Comunidad Andina y, ciertamente, en el marco de los procesos de integración y unión de los países latinoamericanos y del Caribe, Venezuela suscribió tratados internacionales como el Acuerdo de Cartagena, conocido como Pacto Andino en 1969, y en virtud del cual inició sus funciones la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organización subregional con personalidad jurídica internacional, conformada por Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, entre cuyos fines se encuentra alcanzar la integración física y fronteriza en materia de transporte, infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, integración cultural y colectiva.

Que si bien la CAN dictó la Decisión 486, vigente desde el 1° de diciembre de 2000; aprobando el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela), instrumento que era parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano y de aplicación directa y preferente respecto de la legislación interna, como lo prescribe el artículo 153, el cual diseñó toda la normativa sobre patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen, competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, procedimientos para el registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos, así como el régimen de protección cautelar en caso de infracción de los derechos de propiedad industrial, entre otras cuestiones, cuya finalidad era la de ajustarse a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio, sin embargo, el 22 de mayo de 2006, la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la CAN la denuncia de dicho Acuerdo, por lo que luego de transcurrir diferentes plazos posterior a la delación, cesaron para el Estado Venezolano los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, lo cual se extiende a todas aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración.

Por lo que la Sala luego de un análisis a la soberanía contenida en la Constitución Nacional así como la función del Jefe de Estado con relación a esta materia concluyó que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración- art. 153- son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, claro está, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen, y bajo las condiciones que el propio convenio establezca en relación a su terminación.

Por último, la Sala instó a la Asamblea Nacional a los fines que en ejercicio de sus competencias, proceda a revisar la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, con fundamento en el principio de colaboración de poderes-art. 136 de la Constitución- con el propósito de adecuarla al alcance y contenido del artículo 98 de la Norma Suprema, concerniente a los derechos culturales como el derecho de propiedad intelectual, su reconocimiento y protección por parte del Estado, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos.

Abg. Xiuneidy Acevedo P.

Texto completo de la sentencia:
Sentencia del TSJ
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