Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes

tortura20120626Abg. Adriana Fernández

Microjuris de Venezuela

Con el objeto de regular la prevención, tipificación y sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la reparación del daño a las personas que hayan sido víctimas de tales hechos, fue promulgada en la G.O. nº. 40.212, de fecha 22 de julio de 2013, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, fundamentada en desarrollar los preceptos que nuestra Constitución (G.O. nº. 5.908 Extraordinario, del 19/02/2009), consagra en materia de derechos humanos, tales como: el derecho de toda persona a que se respete su dignidad, integridad física, psíquica y moral; la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos que contra los derechos humanos hayan sido cometidos por funcionarios públicos y personas naturales, quienes deberían quedar excluidos de todo beneficio procesal.

Las investigaciones para determinar la comisión del hecho punible e identificar al autor o autores y/o partícipe(s), corresponde al Ministerio Público, pudiendo la Defensoría del Pueblo formar parte de las averiguaciones y tener acceso al expediente, a las actas y a cualquier otra información contenida en los archivos del Estado o en instituciones privadas, a objeto de hacer las recomendaciones que estime necesarias.

En cuanto al ámbito de aplicación de esta normativa, tenemos que sus disposiciones abarcan:

  1. A quienes, valiéndose de su cargo, incurran en los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes1, estos son: Los funcionarios públicos que prestan servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb); la Policía Nacional Bolivariana (PNB); las policías estadales, municipales, los cuerpos de seguridad ciudadana y los cuerpos de seguridad del Estado; los funcionarios públicos adscritos al sistema penitenciario y al sistema nacional de salud.
  2. Las víctimas de los delitos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante y sus familiares.
  3. Las personas naturales que sean autores intelectuales o materiales, cómplices, partícipes o encubridores de tales delitos.

Así mismo, este instrumento legal, nos señala una serie de planes nacionales a practicarse en aras de prevenir y evitar la perpetración de dichos delitos, entre los cuales se encuentra la creación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que formará parte integrante de la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, y tendrá entre sus funciones las siguientes:

  • La coordinación, promoción, supervisión y control nacional de las políticas para prevención de la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, debiendo informar a los funcionarios públicos sobre las sanciones aplicables en caso de que incurran en alguno de estos delitos.
  • Resguardar los derechos de las personas privadas de libertad, garantizándose su derecho a la integridad física, psíquica y moral, y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Desarrollar planes de sensibilización y formación en derechos humanos y prevención de la tortura en los distintos centros de salud; centros educativos públicos y privados, universidades, institutos militares, impulsando la incorporación de materias de derechos humanos en todos los niveles educativos.
  • Difundir a nivel nacional: el contenido de esta Ley y demás normas y principios de protección a la integridad física, psíquica y moral; la prevención de los delitos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; y las sanciones correspondientes.
  • Visitar sin previo aviso, los distintos centros de privación de libertad del país (centros penales, centros de detención preventiva, instituciones policiales, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación farmacológica, zonas de tránsito en puertos internacionales, entre otros), a fin de observarse en qué grado se respetan los derechos humanos y el trato dado a las personas que se encuentran en los mismos, por lo que deberá elaborar informes que detallen las situaciones percibidas. Dichas visitas podrán ser llevadas a cabo en compañía de médicos debidamente calificados, que certifiquen las condiciones físicas y mentales, marcas o lesiones denunciadas por las personas entrevistadas; con la asistencia de un intérprete en caso de ser necesario; o cualquier otra persona que se considere pueda ayudar o mediar para realizar la entrevista a las personas privadas de libertad. Asimismo, podrán incorporarse cámaras de fotos y grabadoras.
  • En caso de recibir denuncias, individuales o grupales, sobre la ocurrencia de estos delitos, previo cumplimiento de las formalidades pertinentes, deberá notificar inmediatamente al Ministerio Público, a fin de que se inicie el procedimiento correspondiente y se soliciten las medidas necesarias para proteger a las víctimas.

Por otro lado, en el Capítulo IV de este texto normativo, encontramos las sanciones aplicables a los delitos concernientes a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, las cuales son:

  1. El funcionario público que en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo incurra en:
  • Delito de Tortura: Será sancionado con pena de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión.
  • Delito de Trato Cruel: Recibirá pena de prisión de trece (13) a veintitrés (23) años.
  • Colaboración, Encubrimiento y Obstrucción: El funcionario público que colabore o encubra a quienes cometan los delitos de tortura o de trato cruel, o entorpezca las investigaciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, será sancionado con pena equivalente a lo establecido en los puntos arriba indicados, según se trate.
  • Delitos de Tratos Inhumanos o Degradantes: Se sancionará con pena de tres (3) a seis (6) años de prisión.

Nota: En los delitos arriba descritos, el funcionario público, además de recibir la pena de prisión especificada para cada caso, será sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente a la pena decretada, sin posibilidad a reducción alguna.

  • Violación a la confidencialidad de las entrevistas (Art. 16 de la Ley): Será sancionado con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, con la destitución del cargo e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período de cinco (5) años.
  • Espacios e instrumentos de tortura: Los funcionarios que en los centros de detención, se valgan de espacios o instrumentos para ocasionar tortura, serán sancionados con pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión y multa de doscientos cincuenta (250) a quinientas (500) Unidades Tributarias, así como la clausura del espacio y la destrucción del instrumento de tortura; siempre que los mismos no constituyan elementos de prueba en juicio.
  • Incumplimiento de notificar a la Defensoría del Pueblo: Los funcionarios policiales, del servicio penitenciario, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, los funcionarios militares, del sistema educativo, del sistema nacional de salud, los jueces de la República, que incumplan con la obligación de notificar a la Defensoría del Pueblo cuando tengan conocimiento sobre la comisión de uno de los delitos previstos en esta Ley (Lo que deberá hacerse en un lapso no mayor a cuarenta y ocho [48] horas)2, serán sancionados con una multa de cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250) Unidades Tributarias, trabajo comunitario, o destitución del cargo, según la gravedad del caso.
  • Obligación de informar a los miembros de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: El funcionario público que se niegue a dar información a los distintos representantes de esta Comisión; le niegue el acceso a los expedientes del centro de reclusión o de la persona detenida, o impida la entrevista a la misma, será sancionado con arresto de quince (15) a veinticinco (25) días y multa de doscientos cincuenta (250) a quinientas (500) Unidades Tributarias.

Nota: Todo funcionario público que presencie o tenga conocimiento de la comisión de estos delitos, o se le instruya una orden para ejecutarlos, aun cuando no lleguen a materializarse, está en la obligación de denunciarlo inmediatamente a las autoridades competentes, puesto que de lo contrario será sancionado con pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, sin poder invocar como causa de justificación del delito cometido, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

  1. Faltas cometidas por los funcionarios adscritos al sistema nacional de salud:
  • Maltrato físico y verbal: Será sancionado con amonestación escrita, trabajo comunitario, destitución del cargo, o arresto proporcional a lo establecido en la ley que regula la materia, tomándose en cuenta la gravedad de la lesión.
  • Falsedad del informe médico: El médico que falsee el informe médico legal, psicológico o mental respectivo, u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionado con pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión y suspensión de la licencia por un período equivalente a la pena.
  1. Faltas cometidas por las personas naturales:
  • Autoría material, intelectual o colaboración: Las personas naturales que participen en calidad de autores materiales o intelectuales, en los delitos de tortura; de trato cruel; o de colaboración, encubrimiento y obstrucción, serán sancionadas con una pena equivalente a las tres cuartas (¾) partes de la pena principal aplicada a quienes hayan cometido estos delitos, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Así mismo, la persona que de cualquier forma, colabore con quien perpetre los delitos previstos en esta Ley, será sancionada con pena de las dos cuartas (2/4) partes de la pena principal, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos y políticos, por un período equivalente al de la pena impuesta, sin derecho a rebaja alguna.

Lo dispuesto en esta Ley, se encuentra en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, quedando consagrado lo siguiente:

  • En un lapso no mayor a seis (6) meses, los entes de la República, los estados y municipios, dispondrán de lo necesario para adaptarse a sus disposiciones.
  • En un plazo no mayor a cuatro (4) meses, deberán designarse los voceros integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Artículo 13 de la Ley).
  • Ninguna confesión o información obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá ser promovida como prueba, y el documento que la contenga será nulo de nulidad absoluta.
  • Toda persona víctima de estos delitos, tendrá derecho a que el patrono le otorgue la reducción o adaptación de su jornada laboral, al cambio del centro de trabajo, y a la suspensión temporal de la relación laboral.
  • El Estado venezolano, tiene el deber de reparar social y moralmente a las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a sus familiares, debiendo asistirlos médica y psicológicamente hasta su total rehabilitación.
  • A todo lo no previsto en este texto normativo, le será aplicable las disposiciones del Código Penal (G.O. nº. 5.768 Extraordinario, del 13/04/2005) y del Código Orgánico Procesal Penal (G.O. nº. 6.078 Extraordinario, del 15/06/2012), así como las normas dispuestas en las convenciones, tratados y demás normativas internacionales de protección a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela.
  • Queda derogado el artículo 181 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 181

Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses. Y en la misma pena incurrirá el funcionario público que investido, por razón de sus funciones, de autoridad respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los actos indicados. Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlos, en contravención, a los derechos individuales reconocidos en el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

______________________

1 Los delitos tipificados en esta Ley, se encuentran definidos en su artículo 5.

2 Cuando los funcionarios policiales, del servicio penitenciario, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, los funcionarios militares, los jueces de la República, tengan conocimiento sobre la consumación de alguno de los delitos establecidos en esta Ley, están en la obligación de notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. La información suministrada tendrá carácter confidencial. Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Artículos 15 y 16.

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