Pepsi-Cola Venezuela demostró la transparencia de sus procesos al comprobar que no hubo acaparamiento, pues el azúcar fue adquirida, importada, nacionalizada, almacenada y transportada, con la colaboración del Ministerio de Alimentación, para ser destinada exclusivamente como insumo en la elaboración de jugos y refrescos. Esto no afectó de ninguna manera el abastecimiento del producto para uso doméstico.

El juzgado también acordó el cese de la medida de aseguramiento del almacén ubicado en La Victoria, en el que se encuentra almacenada actualmente esta materia prima.

Pepsi-Cola Venezuela informa que sus niveles de inventario se normalizarán progresivamente, para seguir cumpliendo con el compromiso inquebrantable que tiene con la seguridad alimentaria de la población.

Vía Globovisión

Los recursos obtenidos servirán para el pago del servicio de deuda, financiamiento de gestión fiscal y refinanciamiento.

El monto de la oferta especial será hasta por la cantidad de 15 mil millones de bolívares, mediante la emisión de un TIF con vencimiento en el 2023, y un Vebono con vencimiento en 2024.

Vía Globovisión

“Un grupo de no más de 25 trabajadores, (de un universo total de más de mil trabajadores), sin el apoyo del sindicato, promovió la paralización total de las actividades de producción y distribución en Valencia de forma ilegal y arbitraria. El resultado es que desde el lunes 20 de mayo las actividades están totalmente paralizadas”, explicó la compañía a través de un comunicado de prensa.

Coca-Cola Femsa alertó que en la Planta en Valencia se produce agua mineral embotellada, bebida a base de jugos y bebidas carbonatadas que son vendidas y distribuidas en todo el territorio nacional. “Por lo tanto, de prolongarse esta situación, nuestros productos podrían desaparecer de los anaqueles, lo que vulnera el derecho de las familias venezolanas a acceder a los mismos e impactarían de forma severa en el abastecimiento de bebidas no alcohólicas en el país, lo que se aparta del compromiso de ha mantenido y mantiene la empresa por garantizar en todo lo posible, la oportuna producción de nuestras bebidas, sumando a los esfuerzos que se vienen desarrollando con las autoridades de los sectores productivos del país”, dice el documento.

En cuanto al contrato colectivo, Coca-Cola Femsa hizo un llamado a los trabajadores a pronunciarse sobre la propuesta y afirmó que tener “la convicción de que los beneficios que está ofreciendo a sus trabajadores están dentro de los mejores del mercado laboral venezolano”.

“La propuesta presentada por la empresa representa un crecimiento promedio en el ingreso anual de los trabajadores que puede ser superior a los 170 mil bolívares dependiendo del cargo o rotación, adicional a lo que ya vienen percibiendo. Interesados en culminar el proceso de negociación y que nuestros trabajadores disfruten de inmediato de todos estos incrementos y beneficios adicionales, la empresa responsablemente realizó su última propuesta económica el día 14 de mayo en la sede de la inspectoría del trabajo en Valencia, la cual comparada con el mercado, nos permite aseverar que los trabajadores de Coca-Cola Femsa de Venezuela estarán disfrutando de los mejores beneficios de la zona”, explicaron a través de comunicado.

La compañía anunció que ha iniciado las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta “paralización ilegal y arbitraria y que de manera desmedida e irresponsables afecta el bienestar de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y consumidores”.

Vía Globovisión

“Estamos para abordar esa problemática que se ha presentado (…) Tenemos que hacer que prevalezca la producción nacional”, dijo Alejandro Fleming, ministro de Comercio, durante la reunión con los empresarios del área farmacéutica.

Edmée Betancourt, presidenta del Banco Central de Venezuela, aseguró que desde que comenzaron los encuentros con el sector empresarial se han ido solventando problemas como los atrasos en la liquidación de las divisas.

Explicó que las mesas de trabajo que se están celebrando esta semana son para que “tengamos una relación directa” y para encontrar soluciones a “cada uno de estos problemas”.

Del testimonio de algunos empresarios que asistieron al encuentro se desprende que la falta de liquidación de los dólares, las trabas burocráticas y la falta de insumos son los principales problemas del sector.

Vía El Universal

La organización señala en un comunicado que ese recurso fue presentado en mayo de 2011 y agrega que “el Presidente no fue facultado por la Habilitante para legislar en materia inquilinaria ni relativa a comodato, usufructo, ocupación, ni específicamente para limitar o reglamentar las facultades del Poder Judicial”.

Se agrega que el decreto Ley en su Artículo 13 ha desmontado el estado de derecho inmobiliario estableciendo que “en todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona” y ello, según Apiur, “ha traído como consecuencia que aunque un propietario tenga una sentencia a favor para recuperar su vivienda alquilada, dada en usufructo, comodato o hasta invadida, esta sentencia no se pueda ejecutar hasta que el Ministerio de Vivienda le otorgue un refugio o vivienda al ocupante. Después de 2 años de decretada esta ley el ministerio no ha otorgado ni un refugio para tal fin”.

Vía El Universal

En la decisión también se insta al ministerio a enviar al máximo órgano judicial del país los datos de las pacientes inscritas en el referido registro con el objeto de incorporar la información al expediente que servirá para dar continuidad a la causa y anunciar posteriormente la decisión definitiva sobre la demanda de atención médica para las afectadas.

La Sala Constitucional notificó además que la sentencia n° 1.548 que acepta la demanda contra las empresas comercializadoras Galaxia Médica C.A., Multi Industrias Médicas Multimed, C.A., Localtel Servicios S.R.L. y Farmacia Locatel C.A., introducida el 16 de noviembre de 2012 por Adriana Alejandra Zorrilla González, fue recalificada como una demanda de protección de derechos colectivos y difusos, pese al fallecimiento de la demandante el 16 de diciembre del año pasado.

Vía El Universal

El impulso con el cual arrancó el plan habitacional en 2011 se perdió. En el último trimestre del pasado año la construcción residencial pública y privada tuvo un leve crecimiento, y en el transcurso de 2013 la producción se desaceleró.

Los datos que han notificado las autoridades del Órgano Superior de la Vivienda en diversas alocuciones muestran que en el primer cuatrimestre de 2012 se culminaron 50.870 casas, pero en el mismo período de 2013 se hicieron 28.294 soluciones habitacionales.

Ese número de unidades incluye las casas que realizan los entes oficiales (organismos adscritos al Ministerio de la Vivienda, Pdvsa, entre otros), el poder popular (sustitución de ranchos por casas y autoconstrucción) y los privados.

Los insumos

Las autoridades en lo que va de 2013 en gran medida han destacado las asignaciones de las viviendas, sin ahondar en el avance de los proyectos.

Y aunque el sector público tiene prioridades en la distribución de los insumos, los propios organismos ya están enfrentando limitaciones con la disponibilidad de materiales.

El Ministerio de la Vivienda en la Memoria y Cuenta de 2012 admitió que el pasado año hubo fallas en la distribución de las insumos y reconoció que “hubo un retardo en la entrega de productos en algunas zonas del país, lo que ocasionó retrasos considerables en la ejecución de las obras de viviendas”.

Ya en el ejercicio pasado los privados fueron los más afectados por la escasez de productos y en el transcurso de 2013 han terminado menos casas, porque los problemas con la entrega de insumos han seguido.

Si bien dentro de las cifras de la Gran Misión Vivienda el Gobierno incluye las casas de los privados, al momento de asignar los materiales a esas obras impone restricciones.

Las autoridades a lo largo de 2013 han manifestado que la producción de las empresas estatales (cementeras, siderúrgicas) ha aumentado, pero según la información de los entes oficiales y los privados, en los primeros meses del año las industrias tuvieron dificultades.

En el primer trimestre dos de las tres cementeras registraron problemas operativos, lo que llevó a disminuir los despachos de ese material a las obras. Las dificultades, además, llevaron a a disminuir los diferentes tipos de cemento, con lo cual las modalidades que no se fabrican se están importando.

A esas fallas con cemento se sumó la merma de insumos de acero. Los datos de Sidor indican que la producción de acero en abril tuvo una caída de 15,5%. En los primeros cuatro meses se han fabricado 606.473 toneladas de acero, apenas 20% de la meta de este año que es de 3 millones de toneladas.

Acelerar la marcha

En un contexto de menor disponibilidad de insumos, el Gobierno ha instado a los entes oficiales así como a los trabajadores a acelerar la marcha de las obras con el fin de alcanzar la meta de este período.

Para este año se contemplan realizar por la vía de la Misión un total de 380.000 casas y hasta abril se había cumplido con el 7% del objetivo.

Para avanzar en las unidades se contempla una inversión de 79 millardos de bolívares, y de esos recursos, la banca entregó 56 millardos de bolívares de la gaveta hipotecaria. No obstante, el Ejecutivo nacional necesita más fondos.

Por tal motivo, el Presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada que se comenzarán a cobrar las casas asignadas en la Misión Vivienda y destacó que ese dinero se orientará a un esquema especial.

El primer mandatario nacional indicó el pasado viernes que “si las familias comienzan a pagar por las viviendas esos recursos alimentarán el Fondo Central de Vivienda y así se podrá continuar con la construcción de más unidades”.

Destacó que adicional a los fondos para la Misión, se requieren 21 millardos de bolívares para el Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Vía El Universal

Así se dará continuidad a la segunda discusión de este instrumento legislativo, que cuenta con 14 artículos aprobados en la sesión del pasado 02 de abril. Entre ellos, destaca el objetivo de la normativa que establece “normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, municiones, accesorios, partes, componentes (…)

Así como, “(…) Tipificar y sancionar los hechos ilícitos que se deriven de esta materia para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones; además de “crear los planes para ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas e instituciones del Estado, sus propiedades, bienes y valores”.

En el contenido de esta propuesta de ley destaca un principio rector para el desarme, con el cual se fomentará la entrega voluntaria y la recuperación de armas de fuego y municiones en manos de particulares, así como la destrucción de las mismas e instaurar una cultura de paz y respeto para los Derechos Humanos.

El proyecto está conformado por 126 artículos, divididos en cinco títulos, dos disposiciones derogatorias y ochos transitorias y finales.

Vía Asamblea Nacional

Lla presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada indicó que durante la jornada de fiscalización se escuchan recomendaciones del poder popular, lo que permite eficacia en cada dispositivo que se realiza en el Distrito Capital, así como en las 23 entidades del país, y para ello se activa una oficina móvil del Indepabis en los lugares visitados.

Recordó que la evaluación sanitaria de los locales comerciales es uno de los puntos más importante en el que está enfocada cada visita, porque permite garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de las familias venezolanas estén en óptimas condiciones para su consumo.

Cerrada recordó que el cierre del establecimiento se realiza cuando se determina la insalubridad extrema.

El Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunta 2013 no sólo busca atender y frenar el acaparamiento sino todo tipo desviaciones en la cadena de comercialización y las irregularidades de los establecimientos.

Vía El Nacional

Destacó que las mesas técnicas que se están desarrollando con el sector privado buscan detectar este tipo de dificultades a fin de lograr soluciones.

Así lo señaló desde el Círculo Militar en la instalación de la mesa técnica con los representantes del sector alimentos y bebidas.

En este mismo sentido la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, señaló que el Gobierno siempre ha trabajado con el sector productivo.

Vía El Universal

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), 2.411,93 bolívares tuvo que destinar una familia de 5,2 personas en promedio para adquirir la canasta alimentaria normativa en abril, lo cual se traduce en un incremento de 6,44% con respecto a marzo, cuando la cesta se ubicó en 2.266,04 bolívares.

Elías Eljuri, presidente del INE, destacó que este crecimiento “no es tan significativo en el presupuesto familiar, debido a que continúa por debajo del ingreso mínimo legal (conformado por el salario mínimo legal más el bono de alimentación), el cual es de Bs 3.185″, según reseñó una nota de prensa del organismo.

Al revisar las cifras del INE, la canasta alimentaria ha aumentado 15,7% entre enero y abril de 2013, y en un año el incremento es de 34,5%.

Recientemente, el Banco Central de Venezuela reportó que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6,4% en abril, mientras que en lo que va de año acumula un incremento de 16,2%.

Apenas en mayo, el salario mínimo experimentó un crecimiento de 20%, con lo cual la remuneración básica pasó de 2.047 bolívares a 2.457 bolívares.

Mayores aumentos

Los alimentos no controlados, que en total suman 33 rubros, fueron los que experimentaron el mayor aumento entre marzo y abril (6,77%) contra los no controlados (6,03%).

Es el caso de los huevos de gallina de 15 unidades, cuyo aumento es el que más sobresale del total de los bienes evaluados. Según el INE, entre marzo y abril aumentaron 38,05% y en un año 173,99%.

Otros rubros que contribuyeron en el incremento de la canasta alimentaria intermensual fueron los tomates (23,29%), pimentón (15,65%), carne corte de lagarto (14,47%), carne de res molida (13,99%) y queso blanco (10,65%).

Por grupos, 41,6% del presupuesto familiar, equivalente a 942,33 bolívares, está orientado a la adquisición de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y otros.

En contraste, las disminuciones significativas de precios las experimentaron las cebollas, que disminuyeron 16,98% entre marzo y abril, le siguen aceites mezcla vegetal (,93%), piñas (1,6%) y plátanos maduros (1,58%).

Comportamiento en promedio

Al evaluar el comportamiento de la canasta alimentaria por dominios de estudio, tres ciudades presentan variaciones por encima del promedio nacional para el mes de abril. Caracas es la que repunta, donde el alza del costo de la cesta alimentaria intermensual fue de 10,15% en un mes y en lo que va de año, el incremento es de 24,2%.

Para comprar los alimentos en la capital del país fueron necesarios 2.804,20 bolívares en abril, 258,33 bolívares más que en marzo.

Otras ciudades que estuvieron por encima del promedio nacional fueron Maracay (7,71%%) y San Cristóbal (7,02%).

Mientras tanto, el dominio Resto Nacional (6,38%), Maturín (6,17%), Mérida (5,93%), fueron a su vez las tres ciudades que estuvieron por debajo del promedio nacional.

Vía El Universal

Tras la mesa técnica realizada con los representantes del sector alimentos, la presidenta del BCV, Edmée Betancourt, señaló que “el flujo de salida del Sicad ha sido lento y eso es lo que estamos tratando de perfeccionar para hacer el que sigue”.

Ante lo señalado por la funcionaria, el director del ente emisor y vicepresidente de Cadivi, José Khan, agregó que “esta semana no habrá subasta (del Sicad) porque todavía estamos ajustando el mecanismo. El BCV está trabajando sobre la tasa”.

El pasado viernes el Presidente Nicolás Maduro instó al titular de Finanzas, Nelson Merentes, a reactivar esta semana el Sicad “con mucha fuerza” para que “los sectores productivos que necesitan materia prima, o que tengan que importar, cuenten con un sistema de acceso directo”.

Sin embargo, días antes Merentes había advertido que si bien no estaba descartado un mecanismo alterno a Cadivi, se estaba realizando una auditoría para determinar si las empresas que recibían dólares a la paridad oficial efectivamente producían.

La titular del BCV apuntó ayer que “las empresas que recibían el Sitme tienen que esperar. Se va a utilizar la base de datos del Sitme que se venía trabajando con el BCV (…) Primero estamos trabajando con las empresas que atiende Cadivi. Ya se trabajó con la pequeña industria hace 15 días. Vamos a terminar de trabajar con la base de datos de Cadivi”.

El Sicad se creó en marzo como un esquema alterno luego de la eliminación del Sistema de Transacciones de Títulos de Moneda Extranjera (Sitme), sin embargo, hasta la fecha ese mecanismo ha realizado una sola subasta por 200 millones de dólares.

Condiciones

El regreso del Sicad contemplaría la revisión de varios requisitos, porque las condiciones que se impusieron en la primera operación impidieron a las empresas de diversos sectores tener acceso al sistema.

Fuentes financieras señalaron que las autoridades expresaron que se efectuaría una reforma a las normas con el fin de flexibilizar varios aspectos, y uno de los puntos que está siendo considerado es el trámite de las cartas de crédito.

Se espera que las cartas de créditos sean reemplazadas por otros tipos de documentos que son menos engorrosos y que igual permiten el control de las compras externas.

Aunado a ello se están evaluando las vías para permitir la participación de aquellas empresas que no están el Rusad (el registro que se tiene que realizar ante Cadivi).

Otro de los puntos que se analiza con detenimiento es la paridad. La tasa a la cual se vendieron las divisas en la primera operación no fue notificada por Finanzas, y de manera extraoficial se conoció que el despacho y el instituto emisor fijaron un piso de 11 bolívares.

Jorge Roig, primer vicepresidente de Fedecámaras, considera que una eventual reanudación del Sicad amerita “cambios sustanciales”. De lo contrario, el directivo advirtió que el sistema volverá a “fracasar”.

“No tiene sentido pedirle a las empresas un “colateral” en dólares afuera del país, especialmente a las más pequeñas. Funcionó poco y muy mal”. Recordó a Globovisión que en la primera subasta hasta 80% de las empresas que participaron no completaron las operaciones.

Fluidez

Hace dos semanas el titular de las finanzas destacó que ya se agiliza la entrega de divisas y mencionó que se han liquidado dólares a 1.500 empresas.

El informe Síntesis Financiera indica que efectivamente desde la semana pasada se percibe un salto en el ritmo de estas ventas de dólares y se asume que corresponde a esas medianas empresas.

Según el reporte, las liquidaciones se elevaron 50% y están en 150 millones de dólares por día. “Si ese monto diario fuera en su totalidad destinado a atender los retrasos por 3,1 millardos de dólares a cancelar de acuerdo con el anuncio realizado por el Gobierno, el proceso de puesta al día concluiría en la tercera semana de junio”.

No obstante, agrega que “la gravedad del problema requiere desembolsos expeditos y es de suponer que los recursos existen entre los organismos con posiciones excedentes en divisas, tales como Bandes y Fonden, pues el BCV cuenta con 2,6 millardos de dólares”.

Vía El Universal

El ministro de Agricultura, Yván Gil, destacó que entre los principales problemas que se han identificado en reuniones previas con el sector productivo está el rezago de los precios, por lo que serán revisados tanto los costos de producción como los precios regulados.

Reconoció que el sistema de control de precios “debe ser evaluado de manera constante para tomar las decisiones de forma continua”, y que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) está recibiendo toda la información para hacer los análisis correspondientes.

“Si hay que hacer (la revisión) de manera trimestral se hará; en algunos (casos) es semestral y en otros anual. Cada rubro tendrá una dinámica de evaluación. Todo el sistema será evaluado, más que los precios, los costos”, explicó Gil.

Por su parte, la presidenta del Banco Central, Edmée Betancourt, indicó que “en el transcurso del año se va a trabajar en las revisiones de precios y cómo se van a ir permitiendo los incrementos”.

El ministro de Alimentación, Félix Osorio, dijo que los ajustes serán de manera progresiva contemplando el impacto que tendrán en la inflación. “Adecuaremos lo que sea necesario contemplando los aspectos económicos”.

La rentabilidad de las empresas y del sector agrícola será revisada en las mesas de trabajo.

“Cada circuito económico tiene una dinámica propia. En cada mesa se analizará la propuesta y se llegará a una conclusión particular”, dijo Gil.

Los sectores confían en que el Ejecutivo hará ajustes mensuales o trimestrales hasta equilibrar los precios de acuerdo con los costos de producción.

Un productor del sector cárnico señaló que los precios que se fijaron la semana pasada coinciden con las estructuras de costos que presentaron en 2009. El rezago en el precio de la carne es de 180% y requieren un precio de Bs 19 para el ganado vivo, y se fijó en Bs 8,52.

“Creemos que en uno o dos meses nos darán otro precio”, dijo el ganadero.

En vista de que los sectores productivos han manifestado que el control de precios está estancado y que los precios propuestos no cubren los costos de producción, Gil dijo que los ministerios de Alimentación, Agricultura y Comercio harán revisiones para “equilibrar los precios”.

Señaló que no se descarta la aplicación “de nuevos subsidios para los agricultores”, y los rubros serán determinados en las mesas de trabajo.

Medidas dinamizadoras

A juicio de funcionarios del Gobierno las medidas que se han tomado para solventar los cuellos de botella en el sector productivo han sido positivas. De hecho, aseguran que se ha “dinamizado” y “reactivado” el aparato productivo.

El vicepresidente de Cadivi, José Khan, señaló que en menos de un mes se sinceró la entrega de divisas, la mayoría ha sido destinada al sector de alimentos. Han atendido 1.550 empresas, pequeñas y medianas, las cuales ya están recuperando sus líneas de crédito.

Indicó que la deuda es de 8 mil millones de dólares y que hay pagos retrasados desde 2008.

El ministro Félix Osorio señaló que quedan por ser atendidas unas 200 empresas, cuyas deudas superan los 3 millones de dólares, casos que se revisarían en las mesas ayer.

Vía El Universal

Durante su participación en el programa Toda Venezuela que transmite VTV, ofreció un balance de los alimentos retenidos durante el desarrollo de los operativos desde el mes de enero hasta mayo: “El Indepabis a retenido 20.713,774 toneladas a nivel nacional durante el 07 de enero al 18 de mayo”.

Agregó que los rubros donde se ha presentado un número mayor de irregularidades son: Arroz, azúcar, café, carne de porcino, carne roja, harina de maíz, harina de trigo, leche en polvo, margarina, mayonesa, pasta, pollo, sardinas y crema de arroz.

Asimismo, informó que durante el despliegue de los operativos de inspección han sido visitados 9.038 establecimiento comerciales, de los cuales 2.625 fueron sancionados.

Añadió que los órganos fiscalizadores están estudiando la posibilidad de profundizar las sanciones en el caso de las personas que han cometido reincidencia en las faltas. “Inclusive el retiro de la licencia comercial de los establecimientos en caso tal de que se generan infracciones que atenten contra la estabilidad del comercio y de la salud de los venezolanos”.

En otro orden de ideas, Cerrada le realizó un llamado a las personas que se dedican a la economía informal y comercializan productos de la canasta básica los cuales se encuentra desaparecido de los anaqueles. “No hagan de los alimentos una mercancía, los invitamos a que comercialicen con cualquier otro rubro pero no con los alimentos”

“Comerciante informal que tenga en su mesa productos de la cesta básica que esté regulados serán sometidos a ventas supervisadas”, advirtió.

Anunció que los organismos de inteligencia estatales están investigando para determinar quiénes surten a los comerciantes informales de dichos productos. “Por una sana convivencia y economía tenemos que poner nuestro granito de arena”.

Por su parte, el Coronel Luis Moreno Machado, superintendente de Sada, manifestó que “está totalmente garantizado lo que es los volúmenes de alimentos necesarios para el consumo del pueblo venezolano”.

En este sentido, destacó que hasta la fecha el ente que encabeza ha “distribuido a nivel nacional 15 millones 600 mil toneladas de alimentos, de las cuales más de 7 millones corresponden a productos de la cesta básica que están regulados“.

Vía Noticias 24

Así lo destacó el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, durante una visita a Guacara, estado Carabobo.

“Es un tema importante para la profundización del sistema productivo nacional,sobre todo cuando observamos que desde la década de los 80 venimos con una desinversión del sistema productivo nacional, en función de esto se ha planteado esta medida que procura que se modernice y actualice el aparato productivo de Venezuela”, manifestó.

Menéndez afirmó que con esta normativa, “más que dejar de percibir el fisco, lo que estamos es haciendo una inversión en el sistema productivo, son políticas que genera el Estado para incrementar la generación de valor agregado a lo interno (…) Cada vez tenemos que hacernos más independientes de las importaciones, y para lograrlo, tenemos que producir más dentro del territorio nacional, y eso pasa por la actualización del parque industrial y mejorar la maquinaria”.

Resaltó que una parte significativa del sistema productivo venezolano tiene una maquinaria que desde hace 40 o 50 años no se ha actualizado. “Lo que estamos haciendo son políticas para que se ensanche nuestros sistema productivo”, reiteró.

Menéndez visitó este martes la planta de Papeles Venezolanos (Paveca) ubicada en Guacara, estado Carabobo, donde constató su operatividad plena. Esta planta abastece el 55% del mercado interno de papel higiénico.

El titular de Industria dijo que en el país se ha generado una sobredemanda, sin precedentes, que ha sometido al pueblo venezolano a situaciones irregulares en el abasteciendo de algunos rubros.

“En estos primeros 5 meses del 2013, Venezuela ha registrado una sobredemanda del 30%, es decir, que de los valores normales de consumo hay una presión constante para generar un 30% de incremento y con ello tratar de arrodillar al sistema productivo venezolano”, señaló.

Exhortó a consumidores, productores privados honestos a “cerrar filas en el combate contra la guerra económica que algunos decretaron contra el país”.

Vía Noticias 24

La Superintendente de la Sundecop, Karlín Granadillo, explicó que al ser un tema de comercio de bienes entre particulares y, “en este caso, el precio está predefinido por parámetros que no requieren mayor análisis de costos de producción, se acordó que lo idóneo es que sea el propio Ministerio para el Comercio sea quien se encargue de la página web“.

Asimismo, anunció que será la Sundecop quien asuma la fijación de precios a los vehículos nuevos, así como a los repuestos y autopartes automotrices. “La fórmula para el análisis de precios de venta de autos nuevos consta de diversas variables como el año, el modelo y marca, entre otros”, acotó.

Granadillo manifestó que se están realizando encuentros permanentes en la comisión conformada por los diputados de la Asamblea Nacional y los técnicos de los entes gubernamentales relacionados: “En la última reunión se afinaron detalles sobre las competencias y las responsabilidades de cada participante (del Estado y privados) de acuerdo a sus atribuciones “, dijo.

Se tiene previsto que la segunda discusión del Proyecto de Ley de Compra y Venta de Vehículos sea el próximo martes 21 de mayo en la Asamblea Nacional, sin embargo, los parlamentarios ya han sancionado 12 artículos y diferido 2 (vinculados a los conceptos sobre operaciones comerciales y a los resultados de los precios obtenidos en la Comisión Mixta).

Vale recordar que este instrumento contiene 33 artículos y tendrá como objeto regular y controlar el proceso de comercialización de los vehículos automotores, nuevos y usados, ensamblados en el país o importados, así como sus repuestos, partes y accesorios, estableciendo los mecanismos para la fijación del Precio Máximo de  Venta (PMV) en el país.

La Ley se aplica a toda persona (natural o jurídica) relacionada con el proceso de comercialización de vehículos, entre las cuales se incluyen las ensambladoras, importadoras, comercializadoras, medios publicitarios y de comunicación, entre otros.

Vía Noticias 24

La información fue suministrada por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien a través de su cuenta en Twitter señaló que la nueva normativa legal, con la que se amplían las garantías de derechos humanos en el país, contemplará “sanciones más severas que las del Código Penal”.

“En la Ley contra la Tortura al forense que falsee un Informe se le suspenderá la licencia y podrá ser condenado de 4 a 6 años de prisión”, mencionó Ramírez en su cuenta @gabrieladelmarp.

De acuerdo con lo señalado por el diputado José Morales, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la tortura fue tipificada en el instrumento legal como un delito grave que implicaría entre 3 y 25 años de prisión a quienes lo cometan.

Además, destacó la inclusión en la norma los delitos de tortura y trato cruel por parte de funcionarios policiales y personal médico “se establecen penas más severas de las que estaban establecidas en el Código Penal lo que permite darle mayor contundencia a la lucha contra el delito de tortura”.

Durante su discusión en Comisión, la ley quedó conformada por un total de 31 artículos.

Para la redacción del articulado, diputados de la AN encabezaron consultas públicas, de participación y consideración popular, la jornada inició en 2012 en el Cuartel San Carlos y siguió por otros estados del interior del país.

“Precisamente en ese lugar (Cuartel San Carlos) se violaron los derechos humanos de muchos venezolanos en la cuarta República”, expresó el presidente de la Comisión, Elvis Amoroso, al inicio de la jornada de consulta pública.

Señaló que se trató de “un sitio emblemático, donde muchas personas sufrieron torturas y tratos crueles, y hoy la revolución lo ha rescatado y convertido en espacio cultural”.

“La intención del Parlamento nacional es que haya respeto total de los derechos humanos y para ello es necesaria la aprobación de esta ley”, resaltó al referirse a la jornada parlamentaria que se desarrollará este martes 21 de mayo.

Vía El Nacional

La resolución conjunta de los ministerios de Alimentación, Agricultura y Tierras, Comercio y Finanzas precisa que el kilo de pechuga de pollo con hueso ahora cuesta 28,84 bolívares, el kilo de pechuga sin hueso 44,40 bolívares, el kilo de muslo sin hueso 39,62 bolívares y el kilo de muslo con hueso 22,64.

El kilo de carne de res de primera ahora cuesta 27,29 bolívares, el kilo de carne de res de segunda 1836 y el kilo de tercera 15,74 bolívares.

La leche pasteurizada en todas sus presentaciones pasó a valorarse en 13,20; bolívares 1.800 cc; 6,60 bolívares 900 cc; y 2,92 bolívares 400 cc.

La leche en polvo en bolsa en su presentación de 900 gramos cuesta ahora 32,04 bolívares y el kilo de leche en polvo en su presentación en lata ahora vale 36,44 bolívares.

Por su parte, el kilo de queso blanco duro fue ajustado a 38,35 bolívares, el kilo de queso blanco semiduro 32,64 bolívares, el kilo de queso amarillo Gouda 58,32 bolívares, el kilo de queso amarillo Munster 61,74 bolívares, y el kilo de queso amarillo fundido 66,30 bolívares.

Vía Globovisión

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