La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en la que se contempla que no sólo la Fiscalía General pueda interceptar o grabar comunicaciones privadas, sino que los organismos públicos o empresas privadas de telecomunicaciones estarán obligados a crear unidades para efectuar ese trabajo y colaborar con el Estado.
Esa disposición la establece el artículo 19 propuesto por la Comisión de Política Interior del Parlamento, cuyo informe de 20 páginas y que cambiaría 29 artículos fue aprobado en primera discusión y enviado a secretaría para que lo incluya en agenda legislativa, posiblemente para hoy.
Información tomada de la web del Periódico El Nacional.
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