Sala Constitucional declara no ajustada a derecho desaplicación de una norma por un Juzgado Superior

La Sala Constitucional del Máximo Juzgado, en ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, declaró no conforme a derecho la desaplicación del artículo 2 de la Resolución del 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que efectuara el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en la decisión que dictó el 8 de diciembre de 2010, con motivo de la apelación interpuesta por la abogada de Ángela López de Brito, siendo declarada esta última nula en el juicio que por desalojo intentó contra el ciudadano Luis Antonio Figueroa Celes.

Asimismo, declaró inadmisible la apelación que ejerció Ángela González de Brito contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2010, que declaró sin lugar la demanda de desalojo intentada por ella contra el ciudadano Figueroa Celes y condenó a la parte demandante del juicio principal al pago de las costas procesales, la cual quedó firme.

Expone la Sala que el motivo por el cual el Juez del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira efectuó la desaplicación analizada, fue por considerar que la aplicación de la norma indicada restringía el acceso a la justicia y el derecho a la doble instancia de los justiciables que, por no alcanzar el monto mínimo exigido, tenían una limitante para que la sentencia dictada en el juicio por desalojo intentado, fuese sometida al segundo grado de conocimiento. De modo tal que la lesión según se desprende de los argumentos explanados por el Juzgado Superior no deviene de la Resolución dictada por la Sala Plena, sino del contenido del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo a lo planteado, expone la Sala que como quiera que la Resolución desaplicada lo que hizo fue actualizar el monto de las cuantías que aparecen en los artículos 881, 882 en relación con la cantidad mínima necesaria para el acceso a la justicia por la vía del procedimiento breve y, el mínimo de las causas cuyos fallos pueden ser objeto de apelación (artículo 891), todos del Código de Procedimiento Civil, la inconstitucional delatada por el Juzgado Superior, derivó en todo caso no de la Resolución que actualiza el monto, pues ella, no impone ningún tipo de restricción, sino del contenido del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, que, de acuerdo a su lectura, establece que en los juicios breves se oirá apelación en ambos efectos sólo si el monto excede de cinco mil bolívares (que corresponden actualmente a cinco bolívares), monto éste modificado por la Resolución de Sala Plena de este Alto Tribunal, en 500 unidades tributarias.

Tomando en consideración que el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, debía ser entendido como el derecho a obtener una resolución a través de los procedimientos legalmente establecidos y conforme a las pretensiones formuladas por las partes, pero el derecho a los recursos y al sistema legal impugnatorio, salvo en el proceso penal, no tiene vinculación constitucional, concluyó la Sala, que el legislador era libre de determinar su configuración, los supuestos en que procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización, pues así lo disponía el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, quedó dictaminado que no devienen en inconstitucional, aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva, no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En el mismo orden de ideas resaltó la Sala, que el derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la doble instancia, pues ésta sólo tiene cabida, si la ley así lo contempla.

Así como la circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se analizó, a la voluntad del legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia.

Vía TSJ

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