La retroactividad de las prestaciones es el elemento que más preocupa al sector empresarial en los primeros análisis que están realizando a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
«Para buena parte de las empresas privadas puede significar la muerte», advirtió Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.
De acuerdo a la segunda disposición transitoria del texto, firmado el pasado lunes por el Presidente de la República y difundido por el ministro de Comunicación e Información, «el tiempo del servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en vigencia de esta ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997».
Para Maldonado este es el «peor» de los escenarios para el sector privado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). «Es el peor escenario de todos los que se estaban manejando y para las Pymes puede ser fatal».
El directivo explicó que al ser un elemento que aplicará de forma inmediata una vez que se publique el instrumento legal supondrá un impacto en la contabilidad de las compañías. «Las empresas tenían un costo laboral y ahora tendrán otro».
También indicó que para el sector público representará una enorme carga, especialmente en empresas como Sidor o instituciones universitarias. «Para el Gobierno es la quiebra técnica, esta ley incrementará la deuda del Estado con los trabajadores».
Otro de los factores que alterará la dinámica de los privados, según Maldonado, es el de la reducción de la jornada laboral. Al disminuir de 44 a 40 el número de horas laborables a la semana y conceder dos días de descanso el costo de la nómina para las empresas y establecimientos que laboran sábados y domingos se elevará. «Esto incrementa los costos de la nómina».
Una primera estimación del directivo apunta a que al menos representará un salto de entre 10% y 20% en el costo laboral. «Este Gobierno quiere controlar la inflación con una ley profundamente inflacionaria».
El director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas pronosticó problemas y decisiones «traumáticas» por parte de las patrones si las autoridades no permiten revisar los precios de bienes controlados. «Esta ley puede conllevar a una revisión intensa de los costos de las empresas y los precios regulados no se van a poder mantener».
Asimismo, indicó que si los comercios no pueden asumir el nuevo costo por trabajar sábados y domingos podría optar por laborar hasta el viernes, situación que afectaría a los consumidores y frenaría la dinámica económica. «A quien le resulte muy caro decidirá si puede trabajar o no».
Microjuris - Venezuela 
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