Ley de transferencia amenaza existencia del poder regional

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley para la Gestión Comunitaria de Competencias, servicios y otras atribuciones, Hugo Chávez acelera la transición hacia un sistema donde empresas comunales, administradas de forma colectiva por individuos sin fines de lucro, asumirán recursos y una larga lista de funciones que hasta ahora han pertenecido al poder público nacional, gobernaciones y alcaldías.

Dentro de noventa días y luego, al “inicio de cada año”, los “órganos del poder público nacional, los estados y municipios, deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos”.

La lista de a transferir es larga: mantenimiento de establecimientos de atención primaria de salud, de centros educativos, y de instalaciones deportivas y culturales.

A lo anterior se añaden producción de materiales y construcción de viviendas, políticas comunitarias de deporte, administración de programas sociales y áreas industriales, recolección de desechos sólidos, construcción de obras comunitarias, administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros, producción y distribución de alimentos, entre otras.

El hombre nuevo

Estas funciones serán entregadas, primordialmente, a empresas comunales donde sus integrantes “no tienen derecho o participación sobre el patrimonio” y el reparto de ganancias, que en la Ley se menciona como “excedentes económicos”, cuando existan, “se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad”.

Además en estas empresas los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva se harán a través de “asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular”.

Las empresas comunales no podrán asociarse con “sociedades mercantiles o compañías de comercio” y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.

En el plan de Gobierno 2013-2019 Hugo Chávez anuncia la creación de 30 mil empresas de propiedad social, que en buena medida, se infiere, serán las que asuman las competencias a transferir.

Sin plata

Las gobernaciones y alcaldías están obligadas a entregar los recursos a la empresa comunal para que cumpla con la función que se transfiere y realizar las previsiones para que haya continuidad durante los próximos ejercicios fiscales.

Los recursos para las empresas comunales también podrán fluir desde el Fondo de Compensación Interterritorial, una alcancía que recibe 15% de lo que el Estado obtiene por IVA, otros desembolsos por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y transferencias del Ejecutivo.

Actualmente 30% del dinero que administra el Fondo de Compensación Interterritorial ya es entregado a los consejos comunales y todo indica que en poco tiempo el dinero restante será destinado a garantizar la transferencia de competencias.

De esta forma, las gobernaciones y alcaldías sólo tendrían como fuente de ingresos el situado constitucional, que en la mayorías de los casos alcanza, con mucha dificultad, para cubrir gastos administrativos.

Si bien el situado obliga a repartir a las regiones hasta 20% de los petrodólares, el Gobierno aprueba el presupuesto con un precio del barril artificialmente bajo.

El rey

El abogado Antonio Canova, explica que “bajo la excusa de darle poder a las comunidades se centraliza la economía porque las empresas comunales van a estar en manos del Gobierno. Si se trata de empresas comunales donde nadie pone dinero, no hay reparto de ganancias, en realidad se trata de funcionarios públicos que estarán controlados por el poder central, es decir, por Hugo Chávez que así amplía su poder”.

Añade que “esta Ley es inconstitucional porque el Presidente no tiene la potestad de obligar a las gobernaciones y alcaldías a transferir competencias que están establecidas en la Constitución”.

Vía El Universal

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