Decreto-Ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado

Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012

El Presidente de la República Hugo Chávez, dicta a través del Decreto-Ley N° 9.051 el Decreto-Ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el objetivo de establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.

Los entes sujetos a la aplicación de esta Ley serán entre otros: Los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal; los institutos públicos, nacionales, estadales, distritales y municipales; el Banco Central de Venezuela; Las Universidades públicas nacionales autónomas y experimentales, así como cualquier otra institución del sector universitario de naturaleza pública; las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos.

El presente Decreto-Ley, tiene entre sus fines:

Establecer un estándar de interoperabilidad entre los órganos y entes del Estado, así como también las condiciones necesarias para el desarrollo y adopción de planes y proyectos que garanticen el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.

Promover el desarrollo de sistemas de información interoperables adecuados para los procesos del Estado y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y el desarrollo de una Plataforma Nacional de Servicios de Información Interoperables que provea un acceso uniforme de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.

Garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad en los sistemas de información utilizados por los órganos y entes del Estado.

Contribuir en la mejora del funcionamiento interno de los órganos y entes del Estado, impulsando una mayor eficiencia y eficacia en las actividades que soportan los servicios que estos prestan.

Los órganos y entes sometidos a la aplicación del presente Decreto-Ley tienen la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar y colaborar en la promoción y uso de los servicios de información interoperables, además los ciudadanos tienen el derecho de formular propuestas para el desarrollo de servicios de información interoperables, y para el mejoramiento de las normas que regulan el intercambio de datos, información y documentos, mediante los sistemas de información interoperables previstos en el presente Decreto-Ley y demás normativa aplicable.

Con el fin de informar a los ciudadanos se crean las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes del Estado, que tendrán entre sus funciones:

Suministrar y ofrecer a los ciudadanos, de forma oportuna, adecuada anexa la información sobre los servicios desarrollados por el Estado para la eficaz y eficiente prestación de sus servicios.

Llevar un registro automatizado de las peticiones, sugerencias, reclamos, quejas o denuncias.

Tramitar peticiones, sugerencias, reclamos, quejas o denuncias que presenten los ciudadanos conforme a las normas que rigen la materia.

En función de hacer cumplir este Decreto-ley, se crea el Comité Nacional de la Interoperabilidad, dependiente administrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva, el cual establecerá y coordinará la aplicación de los principios y políticas para el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los distintos órganos y entes del Estado, que tendrá entre otras, las siguientes funciones:

Ordenar a los órganos y entes del Estado, la implementación de los sistemas de información interoperables necesarios para la gestión de los servicios del Estado, en los términos establecidos en el presente Decreto-Ley y demás normativa aplicable.

Garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas, y procedimientos requeridos para garantizar el intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el objeto de garantizar un estándar de interoperabilidad.

Resolver los conflictos que surjan en relación al acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos o al uso inadecuado de éstos por parte de los órganos y entes del Estado, de conformidad con lo establecido en este Decreto- Ley y demás normativa aplicable.

Aprobar sus normas de funcionamiento.

Los órganos y entes del Estado deberán proceder a la digitalización de sus archivos; los mensajes de datos que resulten de la digitalización deberán cumplir con la normativa aplicable a la materia, y serán firmados electrónicamente por el funcionario autorizado para realizar las citadas digitalizaciones con el fin de certificar dichas copias electrónicamente

En cuanto a las sanciones se tienen infracciones leves y graves que realicen los funcionarios y empleados al servicio de los órganos y entes del Estado, serán sancionados de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,

Las sanciones leves tendrán una multa de 25 a 50 U.T., entre las cuales se encuentran:

Suministrar al operador de la interoperabilidad o al Comité Nacional de la Interoperabilidad, información inexacta o incompleta sobre aspectos que se le haya solicitado.

Alterar o modificar un servicio de información interoperable, sin la autorización previa del operador de la interoperabilidad.

Eliminar o deteriorar un servicio de información interoperable, que afecte su calidad.

No registrar ante el operador de la interoperabilidad, los datos, información y documentos sobre los cuales tienen autoría conforme a su competencia.

En cuanto a las infracciones graves se establecen multas de 50 a 100 U.T. por las siguientes infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones:

Alterar el dato, la información o documento proporcionado por los servicios de información interoperables.

Emplear para fines distintos a los solicitados, los datos, información o documentos obtenidos a través de los servicios de información interoperables.

Negar y obstruir la prestación de un servicio de información interoperable.

Incumplir las normas técnicas establecidas por el operador de la interoperabilidad.

Negar al operador de la interoperabilidad la información requerida sobre aspectos que éste le haya solicitado.

Celebrar, por sí o por intermedio de terceros, acuerdos que tengan por objeto, el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado, sin la autorización previa del operador de la interoperabilidad.

Intercambiar electrónicamente los datos, información y documentos sin hacer uso de la certificación electrónica conforme a la ley.

Los órganos del Estado estarán obligados a formar al personal designado para intercambiar electrónicamente datos, información y documentos, conforme a las políticas y lineamientos que se dicten al efecto. Al mismo tiempo, cabe destacar que los sistemas de información interoperables y servicios de información deberán ser desarrollados bajo estándares abiertos y software libre.

Del mismo modo, los entes del Estado podrán sustanciar sus actuaciones administrativas, total o parcialmente, por medios electrónicos serán aplicables a los expedientes administrativos electrónicos, todas las normas sobre procedimiento administrativo, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.

Los funcionarios públicos están obligados a aceptar de los ciudadanos, la consignación de documentos en físico para su incorporación en un expediente electrónico, en donde se procederá a la digitalización de los documentos para su incorporación al expediente electrónico, en los términos establecidos en el presente Decreto-Ley, teniendo en cuenta que el expediente administrativo electrónico que resulte de la sustanciación electrónica tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente físico.

El presente Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de dos años contado a partir de la publicación del presente Decreto-Ley en la Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012.

Departamento de Redes Sociales

Irma Pinto

Comments

  1. Ese Decreto tiene màs importancia de la que se le ha dado y difundido, permite la verdadera simplificación de tràmites administrativos.

    • Miriannis Guedez says:

      como es posible que todavía se va a un ente publico y trabajan bajo el papelito son unos inoperantes e hicieron caso omiso a este ley del comandante Chavez que este señor si era visionario que viva mi comandante

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