TSJ anula artículos 52, 94, 111 numeral 21, 144 y 145 de la Constitución del estado Apure

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, declaró con lugar la demanda de nulidad intentada por el entonces Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Julián Isaías Rodríguez, contra los artículos 52; 94; 111 numeral 21; 144 y 145 de la Constitución del estado Apure, publicada en la Gaceta Oficial del estado Apure N° 751 del 14 de noviembre de 2005, los cuales se declaran nulos.

En vista de lo anterior la Sala del TSJ ordenó la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial del estado Apure, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: ¿Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 52; 94; 111 numeral 21; 144 y 145 de la Constitución del Estado Apure, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Apure N° 751 del 14 de noviembre de 2005¿.

Señala la Sala Constitucional, entre otros aspectos, que el Consejo Legislativo del estado Apure no podía vulnerar las competencias constitucionalmente establecidas, usurpando funciones del Poder Legislativo Nacional, y crear mediante una Constitución Estadal un Poder Ciudadano regional, ejercido por un Consejo Moral Estadal, integrado por el ¿Defensor Estadal del Pueblo asignado al Estado Apure, el Contralor del Estado y el Fiscal Superior del Ministerio Público asignado al Estado?, Poder al cual atribuyó funciones que constitucional y legalmente corresponden al Poder Ciudadano, por lo que fueron anulados los artículos 52, 94, 144 y 145 de la Constitución del estado Apure.

Agrega la sentencia que el Consejo Legislativo del estado Apure incurrió en el vicio de extralimitación de atribuciones, al atribuirle algunas competencias que por mandato constitucional, corresponden a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República en Consejo de Ministros, con lo cual el Poder Legislativo de dicho estado incurrió en el referido vicio, pues si bien es cierto que tenía competencia para organizar los Poderes Públicos de esa entidad federal a la luz de nuestra Constitución, no es menos cierto, que tal organización debió ser realizada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, es decir, debió respetar y tener como límites las normas constitucionales y legales atributivas de competencias a los distintos órganos del Poder Público Nacional, por lo que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 111 numeral 21 de la Constitución del estado Apure.

Ver Sentencia del TSJ

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