Quedan anulados algunos artículos del Código de Policía del estado Miranda

En Gaceta Oficial Nº 39.984, de fecha 13/08/2012, salió publicada la decisión N° 877, de fecha 26/06/2012, donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la nulidad absoluta de los artículos 11 numeral 6, 15, 16, 29, 35, 218, 220, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 245, 248 y 251 del Código de Policía del Estado Miranda, así como la nulidad parcial de los artículos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 213, 217, 223, 231.1, 232, 233, 234 y 244 del mismo Código de Policía, específicamente la parte que se refiere a la imposición de medidas privativas de libertad.

En dicha sentencia la Sala Constitucional señaló que si bien la Ley del Policía del Estado Miranda publicada en el año 1996 establece la estructura y funcionamiento del cuerpo de policía estadal, la misma, no derogó expresamente el régimen de las sanciones y las faltas administrativas establecidas en el Código de Policía del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, en el número extraordinario del 10 de agosto de 1972, en razón de ello, se mantenía el interés jurídico para la resolución de la inconstitucionalidad planteada, por no existir incompatibilidad entre la norma denunciada y la Ley del Policía del Estado Miranda.

En tal sentido, indicó la Máximo Tribunal que los artículos 11 numeral 6, 15, 16, 29, 35, 218, 220, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 245, 248 y 251, fueron anulados ya que los mismos establecían la sanción de restricción de la libertad personal, sin ninguna clase de intervención judicial y, sin que se cumpla la excepción de la flagrancia, ya que le atribuyeron competencia a las autoridades policiales para la aprehensión y arresto de ciudadanos, incurriendo, ciertamente, en inconstitucionalidad, por violación al derecho a la libertad personal y a la exigencia irrestricta del artículo 44, cardinal 1, de la Constitución, de que sólo por orden judicial pueden dictarse medidas privativas de libertad, salvo la única excepción de que el sujeto sea sorprendido in fraganti.

En relación a los artículos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 213, 217, 223, 231.1, 232, 233, 234 y 244, fueron anulados parcialmente, ya que existía una inconstitucionalidad sobrevenida que recaía sobre la parte o proposición que obligaba a los órganos administrativos a aplicar una pena de restricción de libertad a los infractores, siendo que tal posibilidad está proscrita por el texto del artículo 44 antes mencionado, además, aunque las autoridades administrativas sí pueden imponer multas y cauciones (siempre y cuando estén previstas en una ley, sea nacional, estadal o municipal), la inconstitucionalidad deviene en la imposibilidad de habilitarse a un órgano administrativo a convertir la multa o el incumplimiento de la caución en arresto.

Por otro lado, la Sala declaró “SIN LUGAR” , la nulidad de los artículos 10, en sus numerales 16, y 18; 11 numeral 9, 12, 17, 18, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 50, 51, 55, 60, 73, 75, 98, 119, 122, 123, 135, 141, 144, 163, 172, 173, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 214, 215, 216, 219, 221, 224, 238, 241, 243, 246 y 247, del Código de Policía del Estado Miranda.

En virtud de los diferentes fallos en que la Sala ha declarado la nulidad de algunos artículos de distintos Códigos de Policía, la misma hizo un llamado de atención a los cuerpos legisladores de las entidades municipales y estadales (consejos legislativos estadales y a los concejos municipales), a tratar de procurar una unificación del sistema normativo en dichas entidades, a los fines de que deroguen cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por ese fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales, de manera de garantizar el principio de seguridad jurídica entre sus habitantes. Además, ordenó poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las normas cuya nulidad fue declarada, así como eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron los artículos anulados.

Este fallo también fue publicado en la Gaceta Judicial del TSJ Nº 18, de fecha 03/08/2012.

Abg. Xiuneidy Acevedo P.

Texto completo de la sentencia:

Vía TSJ

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