Ley de Timbre Fiscal afecta a la industria de alimentos

La reforma de la Ley de Timbres Fiscales del estado Aragua no despejó el panorama para las empresas de esa entidad.

Diversos gremios empresariales solicitaban desde hace meses la reforma del texto legal, ya que establecía cargas fiscales “impagables” para buena parte de las empresas. Sin embargo, la modificación del instrumento jurídico no cambió mucho, de acuerdo a la lectura que siguen realizando las organizaciones empresariales. 

Juvenal Arvelaez, directivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), manifestó que los impuestos fijados en la ley son “totalmente desproporcionados”.

Aunque indicó que aún no han podido obtener la Gaceta Oficial número 1.983 del 17 de agosto, en la que supuestamente se publicó el texto, aseguró que lo adelantado por el Servicio de Administración Tributaria de Aragua (Satar) confirma un impacto en las estructuras de costos de las empresas.

Recordó que buena parte de los alimentos se comercializan con precios regulados y que ajustes tan grandes en los costos de las compañías obligarán a revisar los precios de venta porque “si no, no pueden seguir operando”.

Aseguró que han alertado al los ministerios competentes, pero que aún no han recibido respuesta. “Hemos enviado comunicaciones al Ejecutivo nacional sobre la gravedad del asunto”.

Arvelaez explicó que el problema central de la ley, asociado al método de cálculo de los timbres fiscales para determinados trámites, no fue modificado en la reforma que realizó el Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba).

De acuerdo a un tríptico elaborado por el Satar la reforma mantuvo que los montos a pagar se determinan en función de los metros cuadrados de las empresas. “Continúa siendo muy alto el costo de las estampillas”, insistió el directivo de Cavidea.

Pedro Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cagua, también lamentó la postura de las autoridades. Aseguró que el Cleba no consideró ninguna de las observaciones que durante meses realizaron los empresarios y reiteró que los gremios no fueron convocados a ninguna de las dos discusiones realizadas en el Cleba.

“¿Cómo van a hacer con las empresas que no puedan pagar esas cargas? ¿Las van a cerrar?”, se interrogó Álvarez.

Agregó que la aplicación de la norma significará el “descalabro” de muchas empresas en la región. Recordó, además, que una distribuidora de Polar acumula más de dos meses cerrada por una sanción impuesta por el Satar.

Vía El Universal

Comments

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