Criterio vinculante sobre el Deber del Juez en las causas de Desalojos de Centros de Enseñanzas

desalojo.pgLa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en la sentencia n.º 109, de fecha 26/02/2013, y con efectos aplicativos hacía el futuro, el deber de los jueces de notificar al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y al representante de la Zona Educativa del lugar, de toda acción derivadas de contratos de arrendamientos de inmuebles utilizados como centros de enseñanza, donde el efecto este dirigido al desalojo del inmueble, la cual fue publicada en la G.O. N.º 40.132, de fecha 20/03/2013 y en el Gaceta Judicial N.º 26, de fecha 05/04/2013.

En este caso, la Sala se percató que el inmueble objeto del juicio de desalojo se encuentra instalada una unidad educativa, la cual presta el servicio de educación a los niños y adolescentes del Estado Yaracuy, por lo que procedió a la revisión de fallo, y en ese sentido consideró que cuando el efecto indirecto o reflejo (por ejemplo, cuando el niño, niña o adolescente no sea el legitimado activo o pasivo de la relación objeto de controversia) de un determinado juicio o una relación controvertida afecta a un niño, niña o adolescente o a un cúmulo de ellos, derivado de un relación jurídica entre adultos, la competencia para el conocimiento de tales juicios debe corresponder a la legislación ordinaria (civil-mercantil), salvo las estipulaciones especiales establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes.

No obstante, señaló la Sala que si en el juicio como efecto indirecto o reflejo abarca un número indeterminado o determinable de niños y adolescentes que como consecuencia de una relación civil o mercantil pudiesen resultar afectados en el disfrute y protección de un derecho constitucional que son inherentes al ser humano, como la educación, la competencia es de esa jurisdicción especial.

Además, consideró la Sala Constitucional que también es una obligación de los jueces notificar a la Procuraduría General República cuando exista una medida de ejecución que pueda afectar un servicio de interés público previo a la ejecución, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de dicho servicio, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por último, al observar la Sala que no se notificó a la Procuraduría ni a los órganos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes declaró la nulidad de las actuaciones procesales con posterioridad a la sentencia dictada el 25/03/2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ordenando la reposición de la causa al estado de que se ordene dichas notificaciones y, aplicando hacia el futuro el carácter vinculante de este fallo, es decir, desde la fecha de publicación de la sentencia.

Texto completo de la sentencia:

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