La Sala Constitucional ordena la suspensión de los efectos de las sentencias emanada del Sala Electoral vinculadas con la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”

sala constitucional tsjAbg. Xiuneidy Acevedo P.

Microjuris de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la decisión n.º 118, de fecha 26/02/2013, procedió a ordenar la suspensión de los efectos de la sentencias núm. 120 del 11 de agosto de 2010 y la núm. 107 del 17 de julio de 2012, expedidas por la Sala Electoral del máximo Tribunal, ordenándose en la primera, la reforma del Reglamento para la Elección del Rector, Vicerrectores, Secretario General y Decanos de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” para que se ajuste a la Ley Orgánica de Educación y, en la segunda, se declaró parcialmente con lugar la solicitud de ejecución forzosa de las decisiones núm. 120 del 11 de agosto de 2010 y núm. 14 del 23 de marzo de 2011, respectivamente.

Ahora bien, la decisión adoptada por la Sala obedeció a que el representante judicial de esa casa de Estudios, introdujo conjuntamente con la solicitud de avocamiento, una medida cautelar de suspensión de los efectos de dichos fallos y al detentar dicha Sala amplios poderes cautelares en cualquier estado y grado del proceso, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y aunado a que en el caso está vinculado el orden público constitucional, relacionado con los derechos de participación y postulación, procedió a otorgar la medida solicitada.

En importante señalar, que el fallo n.º 120, antes mencionado, fue publicado en la G.O. n.º 39.525 del 06/10/2010, en el cual la Sala Electoral estableció que los procesos electorales que se efectúen en aquellas Universidades Nacionales que, de conformidad con la Ley de Universidades y el Reglamento Ejecutivo que las rige, de ser el caso, se encuentran facultadas para elegir y nombrar sus autoridades, deben ajustarse a lo previsto en el artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación1, por ende, procedió a ordenar la reforma del precitado Reglamento.

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1 Artículo 34 El principio de autonomía
En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:

(…)3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria. Ley Orgánica de Educación, G.O. n.º 5.929 Extraordinario del 15/08/2009.

Texto completo de la sentencia:

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