Declarada la nulidad del artículo 171 de la Ordenanza de Impuestos del Municipio Lossada del estado Zulia

Percent sign in magnifying glassLa Sala Constitucional en ponencia de su vicepresidente magistrado Francisco Carrasquero López, declaró la nulidad del artículo 171 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios de Índole Similar del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal N° 10 extraordinaria, del 28 de diciembre de 2005.

Además, en la sentencia se fija el inicio de los efectos del presente fallo con carácter ex tunc, hacia el pasado, desde el mismo momento en que fue dictada la Ordenanza de Impuestos. Adicionalmente, la Sala ordenó la publicación de la presente sentencia en la Gaceta del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia; así como en la Gaceta Judicial.

El artículo 171 impugnado establecía que la declaración definitiva de los ingresos o ventas brutas correspondientes al ejercicio fiscal 2005, deberá presentarse entre el 02 de enero y el 28 de febrero de 2006.

La decisión también destacó el hecho de que la norma se encuentre actualmente derogada, no implica necesariamente la extinción de sus efectos en el tiempo, pues pueden haber actos administrativos que se hayan basado en la misma y cuya validez se encuentre actualmente debatida, con lo cual, el pronunciamiento que se emita sobre su constitucionalidad, en abstracto, incidiría en los eventuales juicios contenciosos que estuvieran pendientes, ya que la nulidad erga omnes de la disposición bajo análisis, dejaría a dichos actos administrativos sin fundamento jurídico válido.

En ese sentido, la Sala Constitucional señaló que la dispositiva contenida en el artículo 171 conculca el principio de irretroactividad de la ley, dispuesto en el artículo 24 de la Carta Magna y, en consecuencia, se declara su nulidad.

La Sala también explicó que la aplicación de las disposiciones legislativas parte del momento de su publicación y, en consecuencia, la aplicación retroactiva está prohibida, salvo la única excepción de la despenalización o de la sanción menos gravosa de una conducta. Cabe agregar que este principio de irretroactividad normativa se encuentra igualmente justificado en la seguridad jurídica que debe ofrecer el ordenamiento a los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y relaciones ante la eventual mutabilidad de la legislación.

Lea la Sentencia completa del TSJ

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