Exhorto de la Sala Constitucional del TSJ para que los interesados se inscriban en el Registro Nacional Obligatorio de Implantes Mamarios PIP

TSJAbg. Xiuneidy Acevedo

Microjuris de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, mediante auto n.º 502, de fecha, 07 de mayo de 2013, declaró la obligatoriedad de la inscripción en el REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP) creado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de todas aquellas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ser beneficiarias de la protección en la causa llevada por dicho Tribunal.

La medida obedeció porque la Sala Constitucional consideró ordenar el juicio, en virtud que recibió por parte de la Directora General de Consultoría Jurídica del MMP para la Salud, la información sobre la Planilla de Registro de Datos que se habilitó en la página web del mismo,http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1884&Itemid=688), igualmente, remitió el Protocolo para Atención Médica de Personas con Prótesis Mamarias PIP (Poly Implant Prothèse), suscrito por la Ministra del Poder Popular para la Salud, el cual establece que la inscripción en el registro nacional de personas (sin importar el sexo) con implantes mamarios PIP tiene carácter obligatorio.

En ese sentido, la Sala le otorgó al MPP para la Salud un lapso de treinta (30) días continuos, contados desde la constancia en autos de la publicación del cartel de información de la carga de inscripción en dicho Registro, creado por ese organismo, donde el Ministerio deberá enviar la data recolectada a los fines de su incorporación en el expediente, y una vez que conste en autos la información que fue solicitada, la Sala dictará auto expreso, mediante el cual se pronunciará sobre la participación de las intervinientes y la apertura del lapso para dar contestación a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de garantizar el derecho a la defensa, la seguridad jurídica de las partes y la unidad del proceso. 

Texto completo de la sentencia:

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