Declarada la nulidad parcial del artículo 44 de la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículos del municipio Barinas

mapfre1La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró con lugar la acción de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la Cámara de Aseguradores de Venezuela y Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, contra el artículo 44 de la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículos del municipio Barinas del estado Barinas, publicada en la Gaceta Municipal del referido municipio N° Extraordinario 88-06 del 22 de noviembre de 2006.

Precisó la Sala que dicho artículo imponía una limitación a la actividad aseguradora que no forma parte del ámbito de sus competencias constitucionales y, cualquier regulación en este sentido constituye una limitación no permitida a la libertad de empresa de las compañías aseguradoras que se encuentran sometidas a un régimen especial definido por la Ley de la Actividad Aseguradora y sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros.

Asimismo el artículo imponía una sanción que superaba los límites de la proporcionalidad de la misma, visto que no se produce como consecuencia de la actividad del sujeto pasivo de la obligación tributaria sino de un tercero ajeno a la misma, por lo que el presunto ilícito administrativo ni siquiera se deriva del gravamen de la actividad económica producido en el respectivo Municipio sino por el ejercicio consustancial de su actividad comercial, coto vedado de restricción por carecer de competencia en virtud de la reserva legal establecida en el artículo 156, numeral 32 de la Carta Magna.

En vista de lo anterior, se declaró la nulidad parcial del artículo 44 de la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículos del municipio Barinas del estado Barinas, publicada en la Gaceta Municipal del referido Municipio N° Extraordinario 88-06, del 22 de noviembre de 2006, por cercenar el derecho a la libertad de empresa consagrado en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, anulándose lo referente a la regulación de la actividad aseguradora.

La sentencia señala que el referido artículo ahora deberá leerse así: “Artículo 44. Las Notarías y Registros quedan obligados a exigir a todos los enajenantes de los vehículos objeto del Impuesto regulado en la presente Ordenanza, residenciados o domiciliados en el Municipio Barinas, la Certificación de Solvencia por concepto de Impuestos sobre Vehículos. Parágrafo Único: Los Notarios, y Registradores, serán responsables por los perjuicios que puedan causar al Tesoro Municipal derivados del incumplimiento del presente artículo. El daño ocasionado será resarcido por el Funcionario, con el valor del Impuesto que dejare de ingresar al Tesoro Municipal”.

En cuanto a los efectos de la decisión en el tiempo, la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, determinó que tendrá efectos ex nunc o hacia el futuro.

Lea la Sentencia del TSJ

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