De la Incompatibilidad de la Teoría de Convalidación de los Actos Administrativos con los Principios Constitucionales

balanzaAbg. Xiuneidy Acevedo

Microjuris de Venezuela

La tutela judicial efectiva y el debido proceso se encuentran previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, respectivamente, como garantías constitucionales que detentan los ciudadanos que intervienen como partes o testigos en cualquier procedimiento, bien se administrativo o judicial.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sentencia n.º 1.316, de fecha 08/10/2013, conociendo del recurso de revisión de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa, estableció la incompatibilidad de la “teoría de convalidación de los actos administrativos” dictados sin la mediación de un procedimiento o sin la intervención del interesado, con los principios constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La decisión obedeció a que la Sala Político Administrativa actuando en segunda instancia, ratificó la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la cual se indicó que el vicio de nulidad de un acto administrativo dictado en ausencia de procedimiento es convalidable desde la perspectiva del derecho a la defensa, ello, si se comprueba que el particular, luego de dictada la decisión que le afecta, pudo ejercer posteriormente los recursos administrativos y contenciosos administrativos, subsanando así cualquier vulneración vinculada a las fallas cometidas por la Administración sobre este aspecto.

En relación al criterio antes alegado, la Sala Constitucional señaló que la intervención posterior del particular ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, no convalidan dichos actos, ya que el derecho a la defensa y al debido proceso tienen plena prevalencia en todo procedimiento administrativo, al mismo tiempo indicó que el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, prevé la nulidad de todo acto administrativo que sea dictado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

En virtud de lo anterior, la Sala anuló las sentencias dictadas tanto por la Corte Segunda como la de la Sala Político Administrativa, igualmente, anuló el acto administrativo recurrido, dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

Por último, la Sala Constitucional reiteró el deber de los jueces de motivar adecuadamente sus decisiones, ya que lo contrario -la inmotivación y la incongruencia- son vicios que atenta contra el orden público y hacen nulo el acto jurisdiccional.

Texto completo de la sentencia:

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