Ley Infogobierno

infogobiernoAbg. Adriana Fernández

Microjuris de Venezuela

En la Gaceta Oficial n.º 40.274 del 17 de octubre de 2013, tuvo lugar la publicación de la Ley Infogobierno, promulgada con el objeto de establecer los lineamientos que regirán y facilitarán el uso de las tecnologías de información entre el Poder Público y el Poder Popular, estableciéndose las condiciones necesarias para fomentar la mejora permanente de los servicios que se prestan a los particulares.

En base a lo establecido en el artículo 8 de ese texto normativo, en el que se disponen los derechos de los particulares en esta materia, se expresa en su numeral 5 que las personas tendrán derecho a acceder mediante los medios electrónicos, a los expedientes que el Poder Público tramite, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados por éste. En consecuencia, los documentos emitidos por el Poder Público, que contengan las firmas y certificaciones electrónicas requeridas, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos en físico. De igual manera, se señala que aquellos documentos en formato electrónico, que contengan un código o número único, su simple impresión tendrá validez para aquellos casos en los que se requiera de la presentación de un documento en físico.

Por otro lado, se contempla la creación de:

a)    El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público, como el ente que asesorará al Poder Público en los asuntos relacionados con las tecnologías de información, estableciendo las políticas y estrategias para su adecuado acceso, desarrollo, uso y aprovechamiento.

b)   La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, como un instituto con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de gestión de recursos, al que corresponderá, entre otros, la elaboración del Plan Nacional de Tecnologías de Información para el Estado.

De igual manera, esta Ley crea dos (2) contribuciones parafiscales, cuyas cantidades se pagarán a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información y se deducirán del pago del Impuesto Sobre la Renta (Islr). Éstas son:

a)    Las personas jurídicas que se dediquen a la importación, distribución y comercialización de software privativo al Poder Público, pagarán el dos y medio por ciento (2,5%), de la utilidad neta del ejercicio.

b)   Toda persona que preste servicios de software privativos al Poder Público, pagará una contribución del uno y medio por ciento (1,5%) de la utilidad neta del ejercicio, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

En materia de sanciones, se expresa que los funcionarios públicos, incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas a esta normativa, estableciéndose igualmente multas, que oscilarán entre cincuenta (50) y quinientas (500) Unidades Tributarias.

En cuanto a la entrada en vigor de esta Ley, se estableció una vacatiolegis, puesto que en su Disposición Final Tercera, se señala que su vigencia comenzará a los diez (10) meses siguientes a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el día 17 de agosto de 2013, disponiéndose además lo siguiente:

a)    El Poder Público y el Poder Popular, dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán registrar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, los programas informáticos que estén utilizando o posean, licencias y demás documentos relacionados.

b)   Al entrar en vigencia esta Ley, aquellos entes del Poder Público o del Poder Popular, cuyas tecnologías de información no cumplan con lo allí establecido, deberán presentar dentro de los doce (12) meses siguientes ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, un plan de adaptación o migración para su aprobación.

c)    Una vez en vigencia estanormativa, todo programa informático que se implemente en el Poder Público, deberá ser en software libre y con estándares abiertos, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

Esto en base a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley, conforme al cual los órganos y entes del Poder Público sólo podrán utilizar programas informáticos de software libre y estándares abiertos, a fin de “garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados.” Sin embargo, excepcionalmente la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, podrá autorizar la adquisición y el uso de software no libre, cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya, o cuando se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación. Dicha autorización será por el lapso de tres (3) años, por lo que esta Comisión deberá establecer las condiciones y directrices a seguir, para el desarrollo de una versión equivalente en software libre y estándares abiertos (Art. 66 de la Ley).

d)   Se derogan:

No obstante lo anterior, a partir del día 17 de octubre de 2013, fecha de publicación de esta Ley Infogobierno en la Gaceta Oficial:

a)    Se computará un plazo máximo de diez (10) meses, a fin de que el Centro Nacional de Tecnologías de Información y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica1, procedan a su reestructuración, adecuación, organización y funcionamiento de conformidad a lo previsto en esta normativa.

b)   El Poder Público deberá proceder a la digitalización de todos sus archivos físicos.

__________________________________

1 Órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, al que corresponde la seguridad informática y la ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Informática, preservándose la integridad y confiabilidad de los datos, información y documentos electrónicos generados por el Poder Público y por el Poder Popular.

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