Implicaciones de la Ley Orgánica de Precios Justos

PreciosEn Gaceta Oficial N° 40.340, de fecha 23 de enero de 2014, se publicó Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (en adelante DLOPJ). El artículo 1° del DLOPJ establece dentro de sus fines:

  1. Determinación de precios justos de los bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos;
  2. Fijación de porcentaje máximo de ganancias;
  3. Fiscalización de la actividad económica y comercial, a los fines de proteger el ingreso de los ciudadanos y el salario de los trabajadores.

El DLOPJ sostiene que su aplicación comprende a las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que desarrollen  una actividad económica en el país, incluidas las que se realicen a través de medios electrónicos, salvo las personas cuya actividad se rija por una normativa especial.

El otorgamiento de divisas será fiscalizado y se obligará a la suscripción de un contrato de fiel cumplimiento que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas.

Los bienes y servicios son declarados como utilidad pública e interés social y, en consecuencia, el DLOPJ otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de iniciar un procedimiento de expropiación cuando se cometan ilícitos económicos y administrativos.

Se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (en adelante SUNDDE), adscrita a la Vicepresidencia económica de Gobierno, como órgano rector encargado de cumplir con los fines del DLOPJ y, de manera exclusiva, tendrá la atribución de fijar los precios máximos de los bienes y servicios. La SUNDDE estará conformada por dos Intendencias:

  1. Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, encargada de la determinación de los precios, la fijación de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales y la determinación de las ganancias máximas;
  2. Intendencia de Protección de los Derechos Socio Económicos, encargada de la fiscalización, del trámite de los procedimientos administrativos y la imposición de las sanciones.

Se crea el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), cuya inscripción es requisito indispensable a los fines de realizar actividades económicas y comerciales en el país y deberá formalizarse dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la creación del RUPDAE.

El DLOPJ establece que la SUNDDE determinará anualmente el margen máximo de ganancia y, en ningún caso, deberá exceder el 30% de la estructura de costos del bien o servicio.

En los procedimientos de inspección y fiscalización, el funcionario de la SUNDDE podrá decretar medidas preventivas en caso de que existan indicios de incumplimiento de los deberes que establece el DLOPJ. La vigencia de las medidas preventivas no impedirá que los trabajadores sigan recibiendo su salario y el pago de los demás beneficios laborales y de la seguridad social.
El DLOPJ establece sanciones pecuniarias y penales, por incumplimiento de los deberes. Los tipos de sanciones que contemplan el DLOPJ son:

  1. Multa.
  2. Suspensión temporal en el RUPDAE, de 3 a 10 años según la gravedad del caso, y tendrá como sanción accesoria la establecida en el numeral “v”.
  3. Ocupación temporal, cierre temporal o clausura de establecimientos.
  4. Confiscación de bienes.
  5. Revocatoria de licencias, permisos o autorización, de manera especial los relacionados con el acceso a las divisas.

La responsabilidad por los ilícitos que ameriten una sanción penal, corresponderá a los socios y a los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión y vigilancia de las personas jurídicas. Las sanciones penales pueden variar de seis (6) meses a catorce (14) años, dependiendo del tipo de ilícito en el que se incurra. Los ilícitos que contemplan sanciones penales son los siguientes:

  1. Especulación.
  2. Importación de bienes nocivos para la salud.
  3. Alteración fraudulenta.
  4. Acaparamiento.
  5. Boicot.
  6. Condicionamiento.
  7. Contrabando de extracción.
  8. Usura.
  9. Usura en operaciones de financiamiento.
  10. Alteración en Bienes y Servicios.
  11. Alteración fraudulenta de precios.
  12. Corrupción entre particulares.

El DLOPJ suprime la Superintendencia de Costos y Precios Justos (SUNDECOP) y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y se deroga la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Haz clic aquí para acceder a la Gaceta Oficial

Vía AraqueReyna

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