Intervención de la Dirección General de Mercado Nacional de PDVSA

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Abg. Adriana Fernández

Microjuris de Venezuela

A través del Decreto n.º 1.235, emitido en la G.O. n.º 40.495, de fecha 11 de septiembre de 2014, fue promulgada la orden de intervención a la Dirección General de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

En consecuencia, indicaremos los aspectos resaltantes que giran en torno a dicha medida de intervención:

Causas que la motivan

  • La ausencia de ciertos productos para el abastecimiento nacional y el normal desarrollo de las actividades productivas del país.
  • Conductas ilícitas, que se inclinan en beneficiar o favorecer grupos particulares, en cuanto a la distribución de combustibles, lubricantes y otros productos provenientes de la industria venezolana de hidrocarburos.
  • Prácticas comerciales irregulares como el acaparamiento, el contrabando de extracción, el boicot y la especulación.

 

Objeto

Hacer una revisión, análisis, evaluación y optimización de:

  • Las actividades de recepción, compra, venta, importación, exportación, suministro, transporte, almacenamiento, despacho, distribución, mezcla, envase y expendio al detal de combustibles, lubricantes, asfaltos, solventes, grasas y otros derivados de los hidrocarburos y bienes para el uso de los sectores industrial, comercial, doméstico y de transporte, dentro del mercado nacional.
  • Las operaciones de distribución y comercialización al mercado interno de tales productos por parte de Pdvsa.

 

Propósito que se persigue

  • Fijar las medidas y planes tendentes a evitar la continuidad e incremento del contrabando de extracción y otras prácticas comerciales irregulares, para de esta manera,
  • Garantizar la distribución equitativa, abastecimiento y disponibilidad suficiente de dichos productos en todo el territorio nacional.

 

¿Quién estará a cargo de esta medida de intervención?

Tal proceso de intervención estará a cargo de una Junta Interventora, cuyos Miembros Principales y Suplentes han sido designados en la Resolución n.º 044, publicada en G.O. n.º 40.501, del 19 de septiembre de 2014.

 

Atribuciones de la Junta Interventora

  • Practicar u ordenar inspecciones, verificaciones y auditorías que permitan evaluar los mecanismos y procedimientos de distribución de productos de hidrocarburos.
  • Solicitar al personal de la Dirección intervenida, toda la información contable, financiera y patrimonial que requiera para el ejercicio de sus funciones.
  • Proponer al Vicepresidente Ejecutivo y al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (ambos encargados de la ejecución de este Decreto n.º 1.235), los planes y procedimientos que lleven a mejorar y hacer más eficientes las actividades desempeñadas por la Dirección intervenida.
  • Realizar el inventario de: (i) los bienes, contratos, convenios, títulos, derechos y litigios, compromisos o negociaciones programadas, proyectos y recursos ejecutados o en proceso de ejecución; (ii) así como de la documentación, base de datos y sistema de información de la referida Dirección.
  • Revisar el mapa de distribución de los productos de Pdvsa en el mercado nacional.
  • Presentar al Vicepresidente Ejecutivo de la República, informes semanales de su gestión, con sus respectivos soportes y resultados obtenidos.

 

Informe Final

Una vez finalizado el proceso de intervención, la Junta Interventora dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de dicha culminación, deberá entregar un informe final de sus actividades al Vicepresidente Ejecutivo y al Ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería.

 

Vigencia

Este Decreto n.º 1.235, se  encuentra en vigor desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, expresándose que tal proceso de intervención deberá realizarse en un plazo que no exceda de treinta (30) días, pudiendo ser prorrogado por igual lapso en caso de ser necesario, tiempo durante el cual:

  • No podrá suspenderse la distribución y comercialización de los productos derivados del petróleo en el territorio nacional.
  • No se verán afectadas las relaciones comerciales, ni se obstaculizará el normal cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa con sus trabajadores, clientes y acreedores.

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