El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, informó este viernes que el gobierno evaluará los instrumentos, contratos y acuerdos firmados, sobre todo, por las administraciones de la llamada «cuarta república» que permiten la discusión en tribunales internacionales de temas como el manejo de los recursos naturales del país.
Ramírez hizo el anuncio a propósito de la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del jueves, que fijó en casi 1.600 millones de dólares la compensación que debe pagar Venezuela a la petrolera estadounidense ExxonMobil, por la nacionalización en 2007 de dos proyectos en el país.
«Vamos a hacer una revisión de todos los instrumentos que se firmaron, sobre todo en gobiernos anteriores, sobre los tratados bilaterales de inversión que obligaban al país a asistir estas instancias creadas por el capitalismo internacional para derogar de facto la soberanía de lo países sobre el manejo de sus recursos naturales», explicó el canciller en rueda de prensa.
Enfatizó que el país no firmará «ningún otro contrato de interés público y nacional que esté sujeto a normas como las que debió acatar la nación con la apertura petrolera y la política entreguista».
«Si antes nuestro país fue obligado, por los contratos que se firmaron, a ser sometido a estos sistemas de arbitraje internacional, es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. No va a seguir sucediendo», afirmó Ramírez.
El canciller señaló que el fallo del Ciadi significó un triunfo para el país, y aseguró que Venezuela jamás aceptará pagos exorbitantes por el ejercicio de su soberanía y manejo de recursos naturales.
«Las pretensiones exorbitantes de la Exxon Mobil fueron reducidas a menos de 5%. Con lo que finalmente debemos pagar por la indemnización siempre hemos estado de acuerdo», puntualizó.
El ministro de Relaciones Exteriores indicó que con el fallo del Ciadi se reconoce la legalidad y la justeza de Venezuela y «se cierra un caso vergonzoso, peligroso y que atentaba contra la estabilidad económica del país y contra los fundamentos legales de nuestra política petrolera».
Ramírez reafirmó la determinación del gobierno nacional de buscar otros espacios para dirimir este tipo asuntos en la región, y recordó que Caracas ha elevado ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tener un propio espacio para discutir controversias entre los Estados y los inversionistas extranjeros.
«Hoy la Faja Petrolífera del Orinoco está en control del pueblo venezolano, en control de sus trabajadores. La reserva de hidrocarburos más grande del planeta es completamente venezolana. No hay nada que la amenaza, que pueda revertir las decisiones que tomara en su momento Chávez sobre el manejo de nuestra política petrolera», aseveró Ramírez.
Vía El Nacional
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