Boletín Extraordinario de Normativa G.O. (E) Nro. 6.154 del 19/11/2014 – Ley de Contrataciones Públicas

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Boletín Extraordinario de Normativa

G.O. (E) Nro. 6.154 del 19/11/2014

Abg. Adriana Fernández

Microjuris de Venezuela

Ley de Contrataciones Públicas

Con la publicación de esta normativa vía habilitante (G.O. n.º 6.112 Extraordinario, de fecha 19/11/2013), quedó derogada la Ley de Contrataciones Públicas, emitida en la G.O. n.º 39.503 del 6/09/2010, observándose una serie de modificaciones en lo que a la gestión de las contrataciones públicas se refiere, entre cuyos cambios(con respecto a la Ley derogada),destacaremos los que a continuación se enuncian:

  • Mantiene por objetoregular la actividad del Estado en la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, cuyos procesos son de obligatorio cumplimiento para los contratantes, debiéndose dar prioridad al uso de medios electrónicos; quedando excluidos de tal mandato legal, (i)las contrataciones asumidas mediante acuerdos o contratos internacionales; (ii) los servicios laborales;(iii)el arrendamiento de bienes inmuebles, incluso el financiero; (iv)el patrocinio en temas deportivos, artísticos, literarios, científicos o académicos.
  • Sus disposiciones regirán a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en especial a los Órganos y Entes Públicos; las universidades públicas; al Banco Central de Venezuela (BCV); las asociaciones civiles y sociedades mercantiles con una participación igual o mayor al 50% de su patrimonio; las fundaciones; y como novedad, aplica igualmente a las comunas, consejos comunales, organizaciones del Poder Popular y asociaciones socioproductivas que manejen fondos públicos.
  • Se establece (a diferencia de la Ley derogada), que las comunas, consejos comunales y organizaciones del Poder Popular podrán ser parte integrante de las Comisiones de Contrataciones, las cuales velarán porque todos los procedimientos de contratación se realicen conforme a lo estipulado en este Decreto Ley, promoviendo la participación de las personas dentro de su comunidad. Todos los miembros de dicha Comisión, deberán contar con la certificación en materia de Contrataciones Públicas emitida por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
  • Respecto al Compromiso de Responsabilidad Social, se establece lo siguiente:

a)     Tiene por finalidad garantizar el bienestar general mediante la responsabilidad compartida entre el Estado y la contribución de los particulares, según su capacidad; lo que será aplicable a dar atención a proyectos sociales y a las necesidades del entorno social que reciba el ente contratante.

b)    Se constituye como una obligación contractual para el beneficiario de la adjudicación.

c)     Procederá en caso de ofertas que superen las 2.500 Unidades Tributarias (U.T.), y sea del 3% sobre el monto de la contratación.

d)    Los aportes en dinero que se reciban, serán depositados en unFondo de Responsabilidad Social, que se creará al respecto.

e)     El aporte correspondiente a este Compromiso de Responsabilidad Social, no podrá ser utilizado para atender requerimientos que se encuentren entre las competencias de los órganos y entes públicos.

  • Con relación al Servicio Nacional de Contrataciones, observamos ampliación de sus competencias; disponiéndose la obligatoriedad de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, a todos los oferentes interesados en celebrar contrataciones con el sector público, independientemente del monto de la contratación, a través de un procedimiento electrónico en el que se requerirá la calificación (salvo algunas excepciones) por parte de dicho Registro,para cuando los oferentes deseen participar en una de las modalidades que la Ley establece. Así mismo, se dispone que el Registro Nacional de Contrataciones del Estado, tendrá por objeto garantizar y mantener un sistema de información de las contrataciones del Estado, en el que se captará la información anual de demanda de bienes, servicios y obras, a fin de adquirirlos de manera planificada.
  • Con relación al presupuesto base, a ser preparado por el contratante en todos los procesos de selección de contratistas, se estipula el carácter público de su monto total incluidos los tributos (antes su contenido era de carácter confidencial), pudiendo mantenerse en reserva los detalles sobre los costos, todo con el objeto de asegurar los principios de publicidad y transparencia en los actos de la Administración Pública en esta materia.
  • Se observa un incremento, en los supuestos por los cuales procederá, la modalidad excepcional de selección de contratistas que realiza el contratante, conocida como Contratación Directa, resaltándose entre tales: la adquisición de bienes, equipos, tecnología, servicios u obras de determinado proveedor o contratista por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con otros ya existentes; el caso de la contratación de servicios a organizaciones socio productivas creadas en el marco de la ley que rige el sistema económico comunal; y la contratación con empresas conjuntas o conglomerados, que promuevan nuevas asociaciones entre el Estado y el sector comunitario privado.
  • Todas las notificaciones que deban ejecutarse en cumplimiento de este Decreto Ley, indistintamente del tipo de procedimiento de que se trate, deberán realizarse en forma electrónica siempre que el destinatario de la notificación hubiere previamente aceptado tal condición, debiendo ser publicadas en la página web del contratante.
  • Se elimina la sujeción de las garantías contractuales al modelo de fianza, debiendo el órgano o ente contratante verificar la suficiencia de la garantía. Se dispone que para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cuando se requiera, el contratista deberá constituir una garantía a satisfacción del contratante, la cual no podrá ser inferior al 20% del monto del contrato incluyendo los tributos (antes era del 15%).
  • A diferencia de la Ley derogada, se especifica claramente que el contrato podrá terminar por: cumplimiento de su objeto; rescisión unilateral por causa no imputable al contratista; resolución por mutuo acuerdo; y rescisión por causa imputable al contratista, debiéndose, en este último supuesto, asegurar al contratante la aplicación del debido proceso y garantía de ejercer su derecho a la defensa, quien podrá rescindir unilateralmente del contrato.
  • Se establece un Régimen Sancionatorio en el que se fijan sanciones por infracciones cometidas por los funcionarios (multas desde 5.000 hasta 20.000 U.T.), y por los particulares (multas de 300 U.T., e inhabilitación para contratar con el Estado por 6 meses, 2, 3 ó 4 años según la infracción cometida).
  • Vigencia. Este Decreto Ley, se encuentra en vigor desde su fecha de publicación en Gaceta Oficial, quedando establecido lo siguiente:

a)     El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), dispondrá de un lapso de 6 meses (prorrogable por igual período), a fin de adaptar su sistema automatizado a lo expresado en este Decreto Ley.

b)    Todos los actos dictados con anterioridad o a la fecha de publicación de este Decreto Ley, mantendrán su vigencia total o parcial, siempre y cuando no contradigan lo previsto en este nuevo texto normativo, y hasta tanto sean sustituidos, reformados o derogados por la autoridad competente.

 

Comments

  1. gloria rondón says:

    gracias por tan excelente información y por mantenernos al día y actualizados con el cambio de las normas

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