Boletín Doctrinal Nro 51

Acceso Internacional a la Justicia

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Abg. Adriana Fernández

adriana.fernandez@corp.microjuris.com

La Asamblea Nacional, siendo el órgano que en Venezuela ejerce el Poder Legislativo, correspondiéndole, conforme al artículo 187, numeral 1 de nuestra Constitución: “Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.”; resolvió aprobar el Convenio para facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, hecho en La Haya, Reino de los Países Bajos, en fecha 25 de octubre de 1980, teniendo lugar su publicación en la Gaceta Oficial n.º 6.186 Extraordinario, del 9 de junio de 2015, a los fines de que surta efectos internacionales en lo que respecta a nuestro país.

En virtud de ello, destacaremos los puntos clave de este recién aprobado texto internacional, no sin antes acotar que, por Estado Contratante se entiende aquel “Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. (Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de fecha 23 de mayo de 1969).

Dicho esto, a continuación damos inicio a través de un breve análisis sistemático de los primeros cuatro (4) capítulos que integran su estructura, donde se contemplan las disposiciones relativas a la Asistencia Judicial; las Condenas en Costas; Copias de Actas y de Decisiones Judiciales; Arresto y Salvoconductos:

ASISTENCIA JURÍDICA

  • Este Convenio tiene por propósito propiciar el derecho fundamental de toda persona (natural o jurídica), de acceder a la justicia en cualquier otro Estado contratante en el que se le vaya iniciar o haya iniciado algún proceso judicial, garantizándose la no discriminación por la condición de extranjero o por ausencia de residencia o domicilio en un Estado.
  • En base al punto anterior, tendrán derecho a recibir y disfrutar de asistencia jurídica en materia civil y comercial en cada uno de los Estados contratantes, bajo las mismas condiciones tal como si fueran nacionales o residentes habituales de ese Estado; siempre y cuando el requirente se encuentre presente en el Estado contratante en el que solicita asesoría judicial.
  • Cada Estado contratante de este Convenio, deberá designar una Autoridad Central que estará a cargo del recibo y de dar curso a las solicitudes de asistencia jurídica que le sean presentadas.
  • La solicitud de asistencia jurídica se hará en base a un formulario anexo en el presente Convenio, a la que se le agregará todos los documentos que sean requeridos, en aras de facilitar que la transmisión de solicitudes entre los Estados contratantes, se haga en forma rápida y económica; no obstante, cada Estado contratante podrá declarar que su Autoridad Central receptora acepte las solicitudes que se le presenten por cualquier otra vía.
  • En caso que el solicitante de asistencia jurídica no posea residencia en un Estado contratante, podrá iniciar su solicitud por la vía consular.
  • Cuando se haga el procedimiento de asistencia en otro Estado contratante, el beneficiario tendrá derecho a que, de forma gratuita, se le informe acerca de las comunicaciones, notificaciones y documentos de cualquier tipo inherentes al mismo. De igual manera, tendrá derecho a gozar de asistencia en cualquier otro Estado contratante donde solicite el reconocimiento o ejecución de una decisión ya recibida.

CONDENAS EN COSTAS

  • A todas las personas naturales o jurídicas que sean demandantes o intervinientes ante los tribunales de un Estado contratante y tengan su residencia habitual en otro Estado contratante, no se les podrá exigir fianza ni depósito de ningún tipo, por el solo hecho de su condición de extranjeros o por no estar domiciliados o no ser residentes en el Estado donde se ha iniciado un procedimiento.
  • La condena en costas de un procedimiento impuesta en uno de los Estados contratantes contra cualquier persona absuelta de fianza, de depósito o de pago, se ejecutará en forma gratuita en cualquier otro Estado contratante.
  • La persona en cuyo favor se haya dictado la condena en costas, podrá presentar la solicitud de exequátur, anexando:

“a) una copia auténtica de la parte de la decisión en la que aparezcan los nombres de las partes y la condición en que actúan, así como la condena en costas;

  1. b) cualquier otro documento acreditativo de que la decisión no puede ser ya objeto de recurso ordinario en el Estado de origen y de que la misma es ejecutoria en dicho Estado;
  2. c) una traducción certificada como fiel y exacta de los documentos anteriores en la lengua del Estado requerido cuando no estén redactados en dicha lengua.”

 

COPIAS DE ACTAS Y DE DECISIONES JUDICIALES

  • Este Convenio consagra el derecho de los nacionales de un Estado Contratante y de las personas que tengan su residencia habitual en un Estado Contratante, de obtener en otro Estado contratante, las copias o certificaciones de registros públicos o de decisiones judiciales tanto en materia civil o comercial, bajo las mismas circunstancias como si se tratara de sus nacionales.

 

ARRESTO Y SALVOCONDUCTOS

Para los nacionales de un Estado contratante o a las personas que tengan su residencia habitual en otro Estado contratante, este instrumento contempla lo siguiente:

  • No podrán ser arrestados (sea por medida ejecutoria o preventiva), por asuntos en materia civil o mercantil, en casos que no sean aplicables a los nacionales de ese Estado.
  • Cuando sea citado por un tribunal o por una parte con la autorización de un tribunal, a comparecer en carácter de testigo o perito ante los tribunales de otro Estado contratante, no podrá ser perseguido, detenido, ni ver forzosamente restringida su libertad individual en el territorio de ese otro Estado por condenas o hechos anteriores a su entrada en éste. Dicha protección comenzará siete (7) días antes de la fecha fijada para su declaración, y culminará transcurridos siete (7) días continuos, luego de que las autoridades del procedimiento judicial, expresen que su presencia y/o declaraciones ya no son requeridas.

VIGENCIA

  • Este Convenio, se encuentra en vigencia internacional desde el día 1º de marzo de 1988, resaltándose que si bien en su artículo 35, se establece que estará en vigor durante cinco (5) años a partir de dicha fecha; el mismo será renovado tácitamente cada cinco (5) años, salvo denuncia en contrario. En tal caso, la denuncia únicamente surtirá efectos en el Estado que la haya notificado, siguiendo estando en vigor para el resto de los Estados contratantes.

ESTADOS CONTRATANTES DEL CONVENIO

Consultando en la website de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), entre los países contratantes del Convenio bajo estudio, se encuentran: Alemania, Brasil, España, Francia, Italia, Marruecos, Polonia, etcétera.

Si desea acceder al listado completo, haga clic aquí.

CONCLUSIONES

Tal como hemos hecho referencia a lo largo de la presente publicación, el Convenio para facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, tiene por objetivo actuar como un instrumento de cooperación internacional, al favorecer y asegurar que las personas, independientemente de su estatus de extranjero o de no poseer residencia o domicilio en otro Estado, no se les niegue u obstaculice el derecho a gozar del acceso a la justicia y de asistencia jurídica (cuando se les vaya iniciar o haya iniciado algún procedimiento judicial), bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, tal como si se tratara de un nacional o residente habitual del Estado en el cual se encuentren, de manera que tenga el conocimiento necesario para ejercer la defensa de todos sus derechos y obligaciones.

Con relación al punto anterior, encontramos que nuestra Carta Magna (G.O. n.º 5.908 Extraordinario, del 19/02/2009), en sus artículos 26 y 49 sin hacer distinción alguna entre nacionales o extranjeros, residentes o no en nuestro país, consagra para todas las personas el derecho constitucional de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, así como también el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación del proceso, debiendo ser notificadas de los cargos que se le imputan, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios idóneos para su defensa. Así mismo, nuestro Texto Fundamental contempla que la libertad personal es inviolable, estableciendo que, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con sus familiares, abogado y a ser notificadas sobre los motivos de la detención, especificándose que, cuando se trate de la detención de extranjeros, “(…) se observará además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.” (Art. 44).

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