Reimprimen Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Ley de la Actividad Aseguradora

GACETA1-63511

Boletín Extraordinario de Normativa

G.O. (E) Nro. 6.220 del 15/03/2016

 

Abg. Adriana Fernández

adriana.fernandez@corp.microjuris.com

 

En la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.220, de fecha 15 de marzo de 2016, tuvo lugar la reimpresión, por presentar fallas en los textos originales, de las siguientes leyes:

  • Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
  • Ley de la Actividad Aseguradora.

Recordamos que, el Ejecutivo (facultado por Ley Habilitante, G.O. n.º 6.178 Extraordinario, del 15/03/2015), introdujo reformas en las disposiciones de ambas normativas; razón por la cual, nos resulta oportuno hacerles llegar el análisis que, en su oportunidad, resolvimos desarrollar:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Con la promulgación de esta Ley en la Gaceta Oficial n.º 6.210 Extraordinario, del 30 de diciembre de 2015, quedó derogada la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en Gaceta Oficial n.º 5.892 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, observándose que la nueva normativa introduce los siguientes cambios:

OBJETIVO.

Si bien la Procuraduría General de la República (en lo sucesivo PGR), debe cumplir, por mandato constitucional (Art. 247), con su función de representar y defender, judicial y extrajudicialmente, los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tenemos que conforme expresa la nueva Ley, ahora esa atribución le corresponderá tanto a nivel nacional como internacional, en el “interés de garantizar el derecho a la soberanía de los pueblos.”

 

ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA A NIVEL INTERNACIONAL.

A diferencia de la Ley derogada, se incluye un nuevo Capítulo (artículos 14 al 16), en el que se estipula:

  • Competencias Específicas. La PGR, “…podrá actuar en defensa de los derechos de servidores públicos afectados por actos de injerencia provenientes de organismos, Estados, autoridades y poderes extranjeros, dirigidos a menoscabar la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, o a la intervención en asuntos internos de la República.”; pudiendo para ello, instaurar sedes permanentes o temporales fuera de Venezuela o designar representaciones en el extranjero.
  • Fondo en Divisas. Previa autorización del Ejecutivo, y en observancia a la normativa nacional en materia monetaria y cambiaria, podrá constituir un fondo en divisas con cargo a su presupuesto, a fin de sufragar los costos y gastos relacionados a la representación de Venezuela en el exterior.

FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES DEL PROCURADOR.

Otra diferencia encontrada con respecto a la derogada Ley del año 2008, es que se contempla lo concerniente a las faltas del Procurador, las cuales serán suplidas por el Viceprocurador General de la República, y son clasificadas en la siguiente forma:

  • Faltas Absolutas: La Muerte; renuncia al cargo; destitución y el cese definitivo del ejercicio de sus funciones, por cualquier causa.
  • Faltas Temporales: La separación del cargo por licencia; por vacaciones; suspensión pronunciada en juicio penal; separación temporal de sus funciones.

RÉGIMEN DE JUBILACIONES DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA.

La Ley anterior, no consagraba disposición alguna al respecto, siendo que en este texto normativo, desde el artículo 62 al 69, se encuentra regulado lo concerniente al Régimen de Jubilaciones del Personal de este Organismo, estipulándose que dicho derecho corresponderá a los funcionarios que:

  • Hayan alcanzado la edad de 55 años (hombre) y 50 años (mujer), siempre y cuando hayan prestado sus servicios en la Administración Pública durante 20 años cumplidos, de los cuales, al menos 10 años deberán haber sido prestados a la PGR, sea en forma continua o discontinua.
  • Tengan cumplidos 30 años de servicio, independientemente de su edad, siempre que al menos, los últimos 5 años hubieren sido prestados a la PGR.

El monto de la jubilación será del 70% como mínimo del sueldo promedio devengado por el funcionario durante su último año de servicio. Dicho porcentaje será incrementado en 1,50% por cada año que sobrepase los 20 años de servicio mínimos exigidos en este Decreto Ley, hasta un tope del 90%.

Para determinar el monto de la jubilación, se tomará como base de cálculo el promedio del sueldo mensual que hubiere percibido el funcionario en los últimos 12 meses, incluidas todas aquellas remuneraciones que se hagan efectivas de manera regular y permanente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. (G.O. n.º 6.076 Extraordinario, del 7/05/2012).

SANCIONES.

Al comparar las disposiciones sancionatorias de ambas normativas, nos encontramos que no fueron impuestas modificaciones en este punto, por lo que se mantienen igual las multas aplicables por incumplimiento a las obligaciones que establece esta Ley, las cuales oscilan entre 25, 50 y 100 Unidades Tributarias.

VIGENCIA.

Se encuentra en vigor desde su publicación en Gaceta Oficial.

LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Sobre la reforma que, en Gaceta Oficial n.º 6.211 Extraordinario, hiciere el Ejecutivo Nacional a la Ley de la Actividad Aseguradora (G.O. n.º 39.481, de fecha 5/08/2010), destacamos lo siguiente:

      I.        Se crea la figura del Defensor del Tomador, Asegurado, Beneficiario, Contratante, Usuario y Afiliado, quien deberá atender y resolver los reclamos que éstos formulen respecto a controversias derivadas de la ejecución del contrato y cualquier otra operación relacionada con la actividad aseguradora, en las que se demande una mejor atención, trato más humano, defensa oportuna y efectiva, eliminación de prácticas discriminativas, respeto a sus derechos, etcétera. Para ello, el Ministro en materia de Finanzas, autorizará la creación de las dependencias de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), a las que, a través de dicho Defensor, les corresponderá ejercer la defensa de tales derechos.

    II.        Con relación a los Aportes Sociales de la Actividad Aseguradora, tenemos que:

  • La obligación de las empresas de seguros y las empresas de medicina prepagada, de ofrecer y suscribir pólizas de seguros y planes de servicios de salud, que amparen a jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades físicas o mentales cuyos ingresos mensuales no superaran el equivalente a 25 Unidades Tributarias (U.T.); ahora con la nueva Ley se indica “…cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a un salario mínimo mensual…”.
  • Se mantiene la obligación de estas empresas de efectuar un aporte anual equivalente al 1% del monto de las primas de las pólizas de seguros y planes de salud, destinado al fondo del Sistema Público Nacional de Salud.
  • A diferencia de la Ley del 2010 que no lo contempla, se observa un incremento en la recaudación de fondos destinados Sistema Público Nacional de Salud, en la siguiente forma:

a)     Aportes para el Desarrollo Social, siendo que las empresas de seguros, de medicina prepagada, las asociaciones cooperativas que realicen actividad aseguradora y las administradoras de riesgos, están obligadas a efectuar un aporte anual entre el 1% y el 3% del monto de las primas de las pólizas de seguros de salud, cuotas de los planes de salud, del ingreso obtenido como remuneración por los contratos de administración de riesgos y cualesquiera otras pólizas de seguros. Dicho aporte se destinará al fondo del Sistema Público Nacional de Salud o cualquier otro fondo que considere el Ejecutivo Nacional.

b)    Aportes para la Investigación y Desarrollo de la Actividad Aseguradora, correspondiendo a las empresas de seguros, de reaseguros, sociedades de corretaje de reaseguros, de medicina prepagada y las administradoras de riesgos, que generen utilidades al cierre del ejercicio económico, aportar anualmente un porcentaje no mayor del 5% de la utilidad.

El porcentaje de los aportes indicados en los puntos a) y b), será fijado anualmente por el Ministro en materia de Finanzas, a sugerencia del Superintendente de la Actividad Aseguradora.

   III.        Respecto a las sanciones administrativas aplicables en esta materia, tiene lugar un alto incremento en las mismas, por ejemplo, entre los supuestos que ameritan sanción mencionamos: El uso o aprovechamiento de una denominación exclusiva para el sector asegurador, con la intención de hacer creer que se encuentran autorizadas para ejercer la referida actividad, con la Ley anterior, era sancionado de 2.000 a 5.000 U.T., ahora con la nueva Ley la sanción será  de 2.000 a 30.000 U.T.; el incumplimiento por parte de los sujetos regulados, respecto a los requisitos para obtener y mantener la autorización para operar, recibía sanción de 4.000 a 8.000 U.T., pasando ahora a ser de 4.000 a 48.000 U.T.; incumplir las medidas administrativas u obstaculizar las funciones de la SUDEASEG, se sancionaba de 2.000 a 4.000 U.T., correspondiéndole ahora una multa de 2.000 a 24.000 U.T., etcétera. (Ver artículos 153 al 182).

   IV.        En el caso de las sanciones penales, en ambas normativas se mantiene igual la pena de prisión aplicable por los actos considerados como delitos en el sector de seguros, siendo la pena mínima de 2 años y la máxima de 6 años. Las acciones para sancionar tales hechos punibles prescriben a los 5 años. (Artículos 183 al 187).

    V.        Vigencia.

La vigencia de esta reforma, comenzó a transcurrir desde la fecha de su promulgación en la Gaceta Oficial, quedando derogadas:

Así mismo, desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial de este Decreto Ley, se computará un lapso de:

  • 180 días, a objeto que la SUDEASEG dicte las normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos relacionados con la actividad aseguradora.
  • 180 días, para que la SUDEASEG proceda a crear la oficina con competencia en materia de Defensa de los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios, Contratantes, Usuarios o Afiliados.
  • 60 días hábiles, a fin que los sujetos regulados por la SUDEASEG, presenten ante este órgano regulador, un plan de ajuste a las nuevas normas. Dicho plan de ajuste deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 6 meses.
  • 3 años, para que los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, migren a sus trabajadores asegurados con empresas de seguros privadas, hacia las aseguradoras públicas o al Sistema Público Nacional de Salud. Este plazo, podrá ser prorrogado por el Ministro en materia en Finanzas.

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